Denuncian “vulneración de derechos” de dos trabajadoras de prisiones de baja

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El sindicato CSIF ha denunciado -en un escrito remitido por sus delegados a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y a la Subdelegación del Gobierno- la restricción en el acceso al registro oficial del CIS (Centro de Inserción Social) en Huelva a dos trabajadoras de la prisión de La Ribera que se encontraban de baja médica y tenían que entregar documentación relacionada con sus puestos de trabajo. La central sindical explica que las dos afectadas estaban convalecientes, una de ellas por riesgo en el embarazo y otra por una intervención quirúrgica en la mano, por lo que no podían desplazarse al centro penitenciario para presentar los documentos. En estos casos, los trabajadores pueden dirigirse a cualquier otro registro oficial, y el CIS precisamente pertenece a Instituciones Penitenciarias.

Una vez en el Centro de Inserción Social (lugar más accesible para ellas tanto por cercanía como por su ámbito competencial), ya que no había indicaciones sobre limitaciones en los accesos ni necesidad de cita previa o cambio en los horarios, las dos trabajadoras no son atendidas sin dar ninguna explicación. Ante esta situación -expone CSIF- se pide que se aclare lo sucedido en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del centro penitenciario de Huelva, ya que las dos mujeres convalecientes y de baja médica “tuvieron que buscar otra alternativa para acudir a la prisión y entregar la documentación que necesitaban para terminar sus trámites laborales”. Ante este requerimiento, el director del CIS, Ayax Murillo, asegura que el motivo de no haber recepcionado a las afectadas es que “no vamos a atender en el registro a todo aquel que venga a hacer la compra” (en alusión al centro comercial que se encuentra próximo).

Esta decisión, “fuera de tono y sin argumentación lógica ha provocado un grave perjuicio a las dos trabajadoras, ya que su asistencia al registro del CIS estaba justificada y fue debida a su incapacidad temporal, que les dificultaba el desplazamiento hasta el centro penitenciario de La Ribera”, explica CSIF. En esta misma línea insiste en que, según el procedimiento correspondiente, “cualquier trabajador puede acudir a un registro oficial mientras no haya indicación contraria y, en este caso, no la había. Se trata de una decisión arbitraria e injusta que vulnera la normativa vigente sobre los registros oficiales y que ha afectado a dos personas trabajadoras de baja médica”.

Por todo ello, la central sindical subraya en su escrito cómo “se ha vulnerado el derecho de estas trabajadoras” pudiéndoles ocasionar un importante daño debido al riesgo en el embarazo de una de ellas y a la reciente intervención quirúrgica de la otra empleada. CSIF pide finalmente que “se subsanen este tipo de irregularidades, que no vuelvan q producirse y que se repare cualquier consecuencia inherente a la decisión tomada desde la dirección del CIS”.


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