El PSOE valora la importancia de la nueva Ley de la Infancia

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La Ley de la Infancia pionera a nivel internacional, impulsada por el Partido Socialista, marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Se trata de una ley que tiene como fin garantizar los derechos de los niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. En este sentido, la diputada nacional por Huelva Pilar Rodríguez ha enfatizado una vez más que queda patente que “el PSOE ha sido garante siempre de los derechos sociales y de las libertades individuales: ley de dependencia, matrimonio entre personas del mismo sexo, ley contra la violencia de género, ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, ley de igualdad, ley de memoria histórica, ley para igualdad de trato o ley de eutanasia, entre otras”.

Así, en referencia a dicha ley, aprobada recientemente, Pilar Rodríguez ha resaltado la necesidad de abordar y dar visibilidad al problema de todo tipo de violencia que vienen sufriendo los niños, niñas y adolescentes a lo largo del tiempo.

Al hilo de ello, Rodríguez ha apuntado que solo se contabiliza entre el 10 y el 15%, ya que solo hay 1 de cada 5 denuncias. Se dan 38.000 denuncias al año, de las que el 42% son contra la libertad sexual o son por agresiones sexuales a menores. El 40% de las adolescentes han sufrido acoso sexual en las redes. La mitad de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual tienen menos de 19 años. Y en el caso de la provincia de Huelva, durante el año pasado, se atendió a 61 menores, 43 niñas y 18 niños por violencia sexual.

Por ello, “era necesario dar una respuesta a esta realidad de nuestra sociedad y con esta ley queremos protegerlos, queremos que se sientan seguros, queremos que crezcan sin violencia y queremos que vivan sin miedo”. Y es que es esta nuestra obligación como poderes públicos”, ha incidido.

Según la diputada nacional, “la norma establece medidas de protección, prevención, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, mediante la introducción de modelos integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la victimización secundaria”.


Del mismo modo, ha añadido que esta ley requiere una especial importancia porque por primera vez se les reconoce a los niños, niñas y adolescentes el derecho a ser informados, escuchados, atendidos, proporcionarles asistencia jurídica y poder formular denuncias. Se establece la obligatoriedad la prueba reconstituida hasta los 14 años y se incrementa de la edad de la que parte la prescripción de los abusos sexuales o violaciones hasta los 35 años. También, la suspensión de oficio del régimen de visitas del padre contra él que se dicte una orden de protección. Se van a establecer mecanismos de denuncias adaptados a los niños/as y adolescentes, así como, la previsión de la creación de juzgados especializados, registro unificado de casos y refuerzo en el deber de denuncia.

Además, se pone fin al falso Síndrome de Alienación Parental, se reconoce la violencia vicaria como forma de violencia machista, se activan los protocolos de actuación y protección en espacios de infancia y se crea la figura de coordinador/a de protección en ámbitos como el escolar o el deportivo y se lleva a cabo formación especializada a profesionales.

Asimismo, se da paso a la creación de la Conferencia sectorial de infancia y adolescencia, una comisión específica en el consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y otra de seguimiento en un plazo máximo de un año. Constituida por los ministerios de Justicia, Interior y Derechos Sociales y con la colaboración de otros departamentos ministeriales.

Por último, Pilar Rodríguez ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado contemplan consignación y, además, desde el Gobierno central  se está trabajando en la posibilidad de incorporar 70 millones en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

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