Podemos pide que “se miren con lupa cinco proyectos de placas fotovoltaicas”

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La responsable del Área de Medio Ambiente de Podemos Huelva, Irene Reyes, ha pedido este viernes que “las administraciones local y autonómica miren con lupa y estudien con detenimiento” los cinco nuevos proyectos presentados por una empresa privada “para instalar pequeños parques de plantas fotovoltaicas” en las inmediaciones de la capital onubense, en su término municipal.

Según Reyes, “la acumulación de proyectos de este tipo supone modificar y alterar de una forma notoria el medio natural donde pretende ubicarse”, en los espacios de la Ribera y la Nicoba (zona esteparia y de cultivos) del término municipal de Huelva. Al final, “la suma de varios pequeños parques de estas características (que no sobrepasan los 50MW) lo convierten en una gran zona dedicada a este cometido, con las consecuencias que acarrea para la fauna y la flora del lugar”, entre otras.

De la misma forma, la responsable morada ha subrayado que esta “no es la mejor manera de implementar acciones de transición energética hacia energías limpias y renovables”, ya que la situación “está usándose para asentar un mecanismo de supervivencia de las grandes empresas para mantener su statu quo de poder económico e influencia institucional”.

Sin embargo, el objetivo “debe estar orientado hacia el autoconsumo”, por eso la instalación de placas en los tejados de viviendas y bloques de pisos “es la primera fórmula a ejecutar, y mientras quede superficie en los tejados que ocupar, no se debería permitir colocar este tipo de instalaciones en el medio natural”. “Explorar antes terrenos humanizados, cercanos a las poblaciones, allí donde se va a consumir la energía”, insiste Reyes, “es una opción que todavía no está explotada”. Así, “instalar placas bordeando las carreteras y lugares donde se vea que no hay tantas afecciones medioambientales es una prioridad”.

Por otra parte, ha hecho hincapié en “la necesidad de regular la implantación” de parques de energías renovables, a través de normas dictadas desde la Junta de Andalucía, que “sirvan de marco sobre el que apoyarse los ayuntamientos”. En este sentido, ha recordado que la Junta trabajó en 2020, tras la petición de numerosos consistorios, en la elaboración de un borrador de Instrucción que “pudiera ordenar y normalizar la evaluación ambiental de los innumerables proyectos de instalaciones fotovoltaicas”. Sin embargo, “a finales de año esta Instrucción descendió de categoría y pasó a ser una guía no vinculante y ahora, tras reunirse con el sector empresarial, la Junta ha decidido retirarla”.


“El proceder del Gobierno andaluz apunta en la dirección clara de favorecer al capital y no en la de implementar unas políticas que aumenten la eficiencia energética y el ahorro del consumidor final, ahogado por facturas abusivas en manos del oligopolio energético”, ha ahondado Reyes. Por ello, desde su grupo parlamentario se presentó el pasado abril una PNL donde se aboga por una Estrategia Andaluza de Energía, “para de una manera planificada sacar todo el potencial que tiene nuestra tierra”, y así “ser pioneros en la apuesta por la transición energética, desde el cuidado a nuestro patrimonio medioambiental, paisajístico y económico”, ha detallado.

Por último, Reyes ha explicado que “estas grandes empresas cuentan en muchos casos con el beneplácito de los ayuntamientos”, ya que deben pagar un canon por aprovechamiento urbanístico, “entrando dinero en las arcas municipales para determinados usos”. Ello, unido a que “muchos de estos terrenos son arrendados a particulares (latifundistas) que prefieren tener a las empresas como arrendatarios, hace que la agricultura se vea desplazada, con el riesgo que ello supone a medio y largo plazo”, advierte.

El motivo está en que “las empresas van a ofrecer más dinero y más garantías de cobro que un agricultor, que si la cosecha no prospera (por inclemencias del tiempo o plagas, por ejemplo) no puede pagar ese arrendamiento con la misma facilidad”. Reyes ha destacado que este “también es otro motivo más por el que el abordaje de la transición energética no debe relegarse a un segundo plano ni hacer oídos sordos para que el capital siga actuando solo mirando por sus intereses privados”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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