El pasado 25 de mayo, agentes de la Policía Nacional han practicado la detención de dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos de la localidad de Palos de la Frontera a los que les imputa los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones.
Los empresarios, hermanos y administradores de dos mercantiles, empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin tan siquiera darles de alta ni abonar sus seguros sociales.
Los detenidos alojaban a estas personas en las instalaciones de sus fincas toda vez que los empleaban para la recolección de frutos rojos de manera indebida, aprovechándose de su estado de necesidad al carecer de sustento económico alguno ni manera de conseguirlo habida cuenta de su situación irregular, más que el que les reporta la realización de dichas jornadas, viéndose abocados a trabajar en las condiciones que los empresarios les imponían.
Cumplidos los plazos requeridos de permanencia en territorio nacional y una vez reunidos el resto de requisitos, los extranjeros podían solicitar regularizar sus situaciones precisando para ello presentar, entre otros, de manera
inexcusable pre-contrato laboral, momento en el que los empresarios, a sabiendas de la imperativa necesidad de éstos, emiten los tan ansiados contratos a cambio de 5.000 euros.
Según las víctimas, la comunidad marroquí de la zona con necesidad de hogar, empleo y regularización, tenía constancia de la praxis que empleaban los dos detenidos, por lo que acudían a ellos según necesidades, asegurándose durante años por un lado tener la “clientela” suficiente para la “venta” de los contratos por los altos emolumentos ya expresados y por otro contar con mano de obra barata dispuesta a cumplir con las condiciones impuestas por los empresarios.
Las investigaciones han demostrado que los detenidos operaban con absoluto desprecio hacia los empleados, pudiéndose comprobar que una de las victimas padecía una enfermedad terminal en estado avanzado, así como
su escasez de recursos, y aún así la mantuvieron trabajando en las mismas condiciones que los demás con la promesa de ayudarle con su regularización al finalizar la campaña, si bien quedó todo en falsas promesas, pues una vez dejó de serles imprescindibles sus servicios llegaron incluso a expulsarla del alojamiento que le habían facilitado durante la campaña, dejándola en una situación de total desamparo.
Destacar la dificultad que ha supuesto para los agentes llevar a buen término la investigación, pues a pesar de que dichas circunstancias se repetían año tras año con la venta de al menos una veintena de contratos, la colaboración precisa para depurar dichas responsabilidades penales no se obtuvo hasta que una de las víctimas, tras ser empleada por estos empresarios durante más de medio año con el único objetivo de cubrir el “precio” por conseguir su pre-contrato, fue despedida sin realizarle el citado documento, estafándole los 5.000 euros que pagó por el contrato que nunca obtuvo.
Dicha persona llegó incluso a ser coaccionada con la amenaza de dar cuenta de su estancia irregular una vez que ella les manifiesta su intención de denunciar la situación sufrida ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siendo éste el detonante para que ella por fin se decidiera a interponer la correspondiente denuncia.
