Las denuncias falsas para estafar al seguro se incrementan en Huelva

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Entre las funciones que tiene atribuida el grupo de delincuencia patrimonial de la brigada provincial de Policía Judicial de Huelva se encuentra la de investigar los hechos delictivos que afectan al patrimonio y el orden socioeconómico, entre los que destacan por su gravedad los delitos de robo con violencia e intimidación.

En el marco de la investigación de este tipo delictivo, se ha detectado un notable incremento de denuncias en las que se recogen hechos que realmente no han sucedido o han sucedido de manera distinta. Todo apunta que esta conducta persigue obtener una indemnización de la compañía aseguradora, cuyas pólizas suelen cubrir los robos con violencia o intimidación, pero no los hurtos o extravíos, que suele ser lo que ha sucedido en realidad.

Toda denuncia que es recepcionada en dependencias policiales, es objeto de un exhaustivo análisis con el objetivo prioritario de poder identificar al presunto autor de los hechos y ponerlo a disposición judicial.

Fruto de lo anterior, y gracias a la pericia y experiencia de los investigadores, se han detectado denuncias de estas características, que responden a un patrón narrativo similar y que, en la mayoría de las ocasiones van referidas a teléfonos móviles.

Una herramienta esencial que ayuda a los investigadores es la aplicación informática VERIPOL, que predice en más de un 90% de efectividad si una denuncia es verdadera o falsa y que se encuentra operativa en todas las dependencias policiales.


Con independencia de la responsabilidad penal en la que se puede incurrir por la comisión de este tipo de hechos delictivos, entre los que se encuentra la estafa, desde una perspectiva cívica es preciso destacar que una denuncia falsa o una simulación de delito supone el empleo de recursos humanos y materiales para recoger la denuncia y su posterior investigación, medios que son distraídos de las funciones de prevención e investigación de delitos que sí han ocurrido realmente, generando por tanto un perjuicio a los ciudadanos y mermando la calidad del servicio que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia les proporcionan.

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