Mesa de la Ría solicitará en el próximo pleno municipal que el informe urbanístico favorable que el Ayuntamiento ha otorgado a Fertiberia sea “fiscalizado” por el Consejo Consultivo de Andalucía, ya que se trata a juicio del grupo municipal “una pura contradicción”.
Esta organización considera que este informe es un auténtico “despropósito” que “atenta contra toda la legalidad urbanística y medioambiental de aplicación”. El concejal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha asegurado que “huele muy mal que tanto en 2007 como en 2015 se emitieran sendos informes que declaraban inadecuadas con el planeamiento urbanístico a las balsas de fosfoyesos y ahora, con la misma normativa de aplicación, se las considere compatibles”. De hecho, el documento asegura que es compatible con la ordenación urbanística vigente, pero “habría que redactar un plan especial en el que tendrían que posicionarse otras administraciones y organismos, además de contar con los propios ciudadanos, algo que hasta el momento no se ha hecho”, ha agregado el concejal.
Además, el informe se centra en el ejemplo de la zona 1 para extenderlo a las zonas 2 y 3, considerándola “restaurada sin asignar usos”, algo que “es falso, pues la propia Junta de Andalucía así lo ha certificado”, ha apuntado Gavilán.
Esta sorprendente disparidad de criterios mantenida por un mismo órgano técnico municipal requiere, a juicio de Mesa de la Ría, que desde el punto de vista técnico-jurídico se elimine cualquier atisbo de duda sobre si el dictamen favorable de 2021 es el correcto, o sin embargo lo fueron los de 2015 y 2007.
Por ello, desde Mesa de la Ría se considera necesario que un órgano imparcial, como es el Consejo Consultivo de Andalucía, sea quien se pronuncie sobre la cuestión de la compatibilidad urbanística del proyecto de Fertiberia, despejando cualquier duda sobre si este Ayuntamiento adoptó la solución correcta o no en esta cuestión. De este modo, si a criterio de este órgano de consulta el informe favorable emitido fuese contrario al ordenamiento jurídico, cabría iniciar los trámites previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de cara a la anulación un acto administrativo dictado de manera contraria al ordenamiento jurídico.
