El coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, lamenta “la absoluta falta de planificación” ante la acumulación de proyectos fotovoltaicos privados que se están instalando, principalmente en la franja sur de la provincia y junto a la capital, produciendo una “avalancha que poco tiene que ver con un nuevo modelo energético y sí con permitir al oligopolio energético mantener su posición de control absoluto sobre el mercado energético y mantener el descontrol actual en el precio de la luz.
Actualmente, en Huelva ya se está instalando una megaplanta fotovoltaica, propiedad de una filial de Endesa, que ocupará más 1.000 hectáreas repartidas entre los municipios de Huelva, La Palma del Condado, Villlarrasa, Gibraleón, Trigueros y San Juan del Puerto. A ésta se añade otra planta, promovida por la empresa Alter Enersun, que ocupará cerca de 200 hectáreas en el término de la capital onubense. Además, a lo largo del mes de septiembre se han sometido al procedimiento de información pública varios proyectos fotovoltaicos más que supondrían la ocupación de cerca de 2.000 hectáreas.
Izquierda Unida reclama a la Junta de Andalucía que se ponga a trabajar junto con los ayuntamientos afectados, colectivos ecologistas, sindicatos y con las entidades empresariales para consensuar un modelo energético que permita un desarrollo ordenado de los proyectos de generación de energías renovables, evitando en “colapso territorial” que van a provocar los actuales proyectos fotovoltaicos. La ocupación del terreno de las grandes extensiones fotovoltaicas impide el uso de los mismos y bloquea el posible desarrollo agrícola, turístico y cultural de los municipios afectados.
Para ello, Izquierda Unida llevará estas propuestas a las instituciones en las que está presente, a través de su representación en Unidas Podemos, para reclamar esta moratoria y proponer un modelo de implantación fotovoltaíca en todos los municipios onubenses, mediante la planificación territorial, apostando por instalaciones que minimicen el impacto ambiental y maximicen la creación de empleo, potenciando la producción para autoconsumo y el aprovechamiento de las cubiertas de edificios públicos y privados.
Sánchez Rufo señala que “estamos viendo como el nefasto oligopolio privado energético nos está imponiendo unos precios desorbitados de la luz, por lo que está claro que no se puede tolerar que sigan haciendo lo mismo, adueñándose y especulando también con las energías renovables”.
