Los miembros de las secciones sindicales onubenses de ACAIP-UGT y CSIF han mostrado su rechazo a la visita del Secretario General de Instituciones Penitenciarias Ángel Ortiz en el Centro Penitenciario de Huelva, este jueves, 28 de octubre, con motivo del 25º aniversario de la puesta en marcha de este centro.
Así lo han puesto de manifiesto a través de un comunicado de prensa, en el que aseveran que «no tenemos nada que celebrar con quién ignora y menosprecia nuestra labor diaria». Así, los trabajadores penitenciarios aseguran estar «hastiados de las inconsistentes y degradantes directrices marcadas desde Madrid, que ponen en cuestión tanto nuestro trabajo y que ponen en riesgo nuestra seguridad jurídica y física».
Además, continúan, «iniciado el conflicto laboral en 2017, que fructificó en masivas Huelgas Generales en los meses de octubre y diciembre de 2018, ya en 2019 comenzaron unas largas negociaciones infructuosas con una administración penitenciaria anquilosada y obstruccionista que ha ido incumpliendo sistemáticamente los compromisos asumidos frente a los representantes sindicales de modernización de la Institución y, en consecuencia, múltiples mejoras reivindicadas por los trabajadores que debería ser recogida en una Ley de Función Pública Penitenciaria, que a día de hoy está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y que la administración ha dejado de negociar con las organizaciones sindicales.»
Ante la falta de negociación ACAIP-UGT y CSIF han declarado ante el Ministro del Interior el conflicto laboral el pasado 23 de septiembre.
Los trabajadores de los dos centros penitenciarios onubenses «no son ajenos a los principales problemas del resto de centros dependientes de la Secretaría General, con un déficit de personal del 5 %, de forma alarmante en el área sanitaria, con 5 plazas vacantes de facultativos viéndose mermada la atención sanitaria a la población reclusa. Junto con la persecución que sufren los funcionarios en las actividades de su día a día, la desprotección legal contra las agresiones, la realización de obras que no han tenido en cuenta la seguridad de la prisión onubense, y así como un retroceso en los medidas de conciliación laboral y familiar con la anuencia de la Subdelegada del Gobierno», aseveran los sindicatos.
«Los trabajadores penitenciarios han demostrado durante los momentos más duros de la pandemia su compromiso y su profesionalidad como servicios esenciales para la comunidad. Y hemos de señalar la gran labor llevada a cabo por los trabajadores que han formado parte de la plantilla, durante este período y que han convertido al CP Huelva en un referente nacional. Sin embargo, la administración penitenciaria sigue menospreciando a un colectivo imprescindible en la ejecución de las sentencias. Y es de justicia que se reconozca las reivindicaciones históricas del colectivo, como la condición de agentes de la autoridad, la formación universal, la cobertura de todas las plazas vacantes y la adecuación retributiva a las funciones que se realizan con la adscripción al grupo B del TREBP y la reclasificación de los centros penitenciarios, que suponga el fin de las diferencias salariales de los trabajadores en función del centro donde se preste servicio», finaliza el comunicado.
