Delegados y delegadas sindicales de los sectores del Área Pública han participado en la concentración convocada por CCOO en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Huelva con la que han reivindicado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Función Pública, con el objetivo de lograr la negociación de un tercer acuerdo bianual de legislatura con asuntos pendientes. Asimismo, se ha hecho entrega en la Subdelegación de un manifiesto en el que se recogen todas las reivindicaciones y medidas no cumplidas.
Entre algunas de las reivindicaciones se sitúa el mantenimiento del poder adquisitivo, la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, y el desarrollo del EBEP (carrera y promoción profesional) entre otros.
Como ha recordado la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, “los empleados y empleadas han perdido entre un 11% y un 18% de poder adquisitivo y sólo han recuperado, hasta ahora, un 4%. Y es que hablamos de un colectivo que afecta a casi 3 millones de personas en nuestro país y 33.186 personas en la provincia de Huelva”. Asimismo, Perea ha matizado que «miles de esos empleados y empleadas públicas perciben un salario que ni tan siquiera está muy por encima de SMI. Trabajadores y trabajadoras que tienen un salario bruto anual de 16.000€».
Por ello, la secretaria general de CCOO ha reprochado, una vez más, que “el Gobierno plantee una subida salarial, sin margen de negociación, que está recogida en los Presupuestos Generales del Estado, y que supone el 0,9% para 2021 y el 2% para 2022”. Al respecto, Perea lamenta que “si atendemos a que el SMI se ha incrementado en un 1,8%, el IPC va a cerrar en torno a un 5% y que la media pactada en los convenios sectoriales cerrará en torno a un 1,6%, se trata de un subida insuficiente, que se aleja de los objetivos marcados y se sigue desvinculando del IPC”.
Perea ha querido, además, poner en valor la «importancia de los servicios públicos que durante la pandemia ha quedado más que demostrada. La sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales han demostrado ser esenciales y sus trabajadoras y trabajadores, desbordados, bajo mínimos y jugándose la vida, no han dejado de prestar el mejor de los servicios».
Por su parte, el secretario general de SP Enseñanza de Huelva y coordinador del Área Pública de CCOO Huelva, Carlos D. Sánchez Maraver ha recordado que “desde 2008 estamos pagando la nefasta política económica del gobierno de aquella época. «Hemos sido los que hemos estado al frente tanto en la crisis de 2008 como esta última, por ello, creemos que los homenajes están muy bien, pero queremos que se refleje en nuestras condiciones». Por ello, ha asegurado que «no puede ser que la función pública española sea la peor mirada de Europa».
Entre los objetivos planteados en esta reunión, CCOO exige un mayor compromiso con los servicios públicos, como única garantía de equidad en derechos. Para la cual debe haber una apuesta clara porque estos se presten directamente por empleados y empleadas públicas, lo que debe conllevar la reversión de privatizaciones y de servicios públicos externalizados.
El segundo objetivo es la restitución de “los derechos arrebatados” como la recuperación del empleo público perdido y, con ello, el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, reducir la temporalidad del 24% al 8% en todo el sector y eliminar la tasa de reposición.
Recuperar al 100% la jornada de 35 horas, la aprobación de los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, el pleno derecho a la negociación colectiva o la constitución de la Mesa de Diálogo para el sector público empresarial son otros de los derechos hoy reclamados.
Otro de los objetivos que se han manifestado es instar al Gobierno a un aumento del gasto público en los servicios esenciales, mediante el incremento y la garantía de la financiación de los servicios públicos como sanidad, servicios sociales, educación y dependencia, inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación de las y los empleados públicos.
Asimismo, Maraver ha apuntado que «estas movilizaciones irán creciendo en función de cómo se vayan moviendo las posiciones del Gobierno y no se descartan otro tipo de iniciativas”.
