La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha elaborado un informe en el que se analiza la evolución de las agresiones que han sufrido los trabajadores del SAS durante el periodo 2007-2020. Dicho informe se ha basado en los datos que proporciona el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC). Sin embargo, «tenemos la constancia de que cerca de un 20% de agresiones no trasciende«, ha explicado el secretario del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez González.

Este informe revela que en Huelva se han producido un total de 1.149 agresiones, lo que representa un 8,34% del total en la comunidad andaluza, que se elevaron a 13.774 agresiones. No obstante, si comparamos esta cifra con el número de trabajadores y trabajadoras del SAS en la provincia, la ratio se eleva hasta el 16,34 %, por lo que Huelva se sitúa como la tercera provincia andaluza en número de agresiones al personal sanitario, sólo superada por Málaga (17,94%) y Córdoba (16,48%), mientras que la media andaluza se encuentra en el periodo analizado en 13,47%.

2018 fue el año con mayor número de agresiones en la provincia onubense, con 135, mientras que el pasado año se registraron 84 debido a que fue un año atípico en la que no se atendía presencialmente a usuarios y usuarias. En toda Andalucía el número de agresiones en 2020 se redujo en un 30,85%. «Estas cifras suponen que cada día se producen entre 2 y 4 agresiones a trabajadores y trabajadoras del SAS», ha denunciado Rodríguez.

En definitiva, un 13,47% de la plantilla del SAS ha sufrido algún tipo de agresión en el período analizado.Los colectivos más afectados por las agresiones durante el año 2020, según los datos presentados por el SAS son: Licenciados, 43%, Diplomados, con un 38%, y Técnicos medio sanitario, 15%, estos tres colectivos son los de especial riesgo porque acaparan un 96% de las agresiones en Andalucía.

Analizado los datos por centros de gestión, el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa es el que ha registrado mayor incidencia, ya que «supone más de la mitad de las mismas, un 52,38%, a pesar de que su plantilla sólo representa el 13,83% de la provincia. Le sigue el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez con el 16,66%», ha detallado Rodríguez.

Ante estos datos, el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva ha señalado que «no existe una única causa para explicar las agresiones, sino que se trata, más bien, de una serie de circunstancias entre las que, sin duda, está la gestión directiva de cada centro, la demora en la asistencia y es posible que la propia idiosincrasia de cada población”. Aunque, para Rodríguez, «los recortes en el Sistema Sanitario Público Andaluz a partir de 2014 han conllevado un aumento de la presión asistencial lo que ha podido condicionar el incremento de las agresiones», ya que, como apunta el secretario general de CCOO, «Huelva tiene un número de agresiones superior al que le correspondería por plantilla, un 8,34% frente a un 6,88%. Al igual que el distrito Huelva-Costa, con una plantilla del 13,83% tiene un volumen de agresiones del 52,38%, cuadruplicando las cifras que le corresponderían por plantilla».

Al hilo, el secretario general ha querido mostrar su «preocupación» por los datos que la delegación de Salud y Familia en Huelva ofreció hace unas semanas sobre el número de agresiones durante 2021. Según las informaciones de la Delegación, «hasta el mes de septiembre las agresiones en la provincia habían sido 97, acercándonos a la cifra más alta que corresponde al año 2018, por lo que es muy probable, y debido a la vuelta de la presencialidad, que esta cifra se incremente y experimentemos un nuevo récord en la provincia en cuanto a agresiones al personal de los centros sanitarios públicos».  Rodríguez ha querido denunciar que «la Delegación, lejos de hacer partícipe al sector de un problema tan grave y que sufre el colectivo, ha excluido a las víctimas, los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes legales, los sindicatos de la Comisión de Seguimiento, y teniendo queenterarnos de esos datos a través de los medios de comunicación».

Ante estas cifras, desde CCOO se han realizado varias propuestas para revertir la situación. Por un lado, cobertura de plantillas al 100% e incremento especialmente en los centros que soportan mayor nivel de agresiones (servicios de urgencias y centros de atención primaria), ello unido a la reducción drásticamente la demora en la atención y la coordinación interniveles.

Por otro lado, mejorar la seguridad, para ello, desde CCOO se propone la elaboración de un mapa de riesgo, personal de seguridad en servicios de urgencias y centros de atención primaria especialmente en los que tienen mayor nivel de agresiones y, sobre todo, «son necesarios cambios legislativos para incrementar las penas y cuantías de multas por agresiones e incluir el riesgo de agresión en las evaluaciones de riesgos laborales», ha enumerado Rodríguez.

Otra de la propuesta es la elaboración de un estudio comparativo de la efectividad de las distintas medidas de seguridad tanto activas como pasivas, y la percepción que la ciudadanía tiene sobre las agresiones.

Asimismo, «proponemos la puesta en marcha del observatorio de agresiones que esté compuesto por las administraciones, sindicatos, empleados y empleadas, asociaciones de consumidores, trabajadores sociales, etc.».

Entre estas medidas también figuran la potenciación de las plantillas de trabajadores y trabajadoras sociales para la detección y actuación con familias potencialmente conflictivas;  creación de la figura del/de la mediador/a o educador/a social en cada centro con funciones preventivas y de actuación temprana ante situaciones conflictivas; potenciar la figura del interlocutor policial e implementar medidas de seguridad pasiva de tipo arquitectónico y de seguridad activa especialmente en los centros más conflictivos; y recuperación de los programas en atención primaria especialmente de los de educación sanitaria.

Por último, Rodríguez ha hecho alusión a la puesta en marcha de campañas continuadas de educación y concienciación a la población para incrementar la valoración adecuada por parte de esta de trabajadores y trabajadoras del sector sanitario.