El grupo municipal Mesa de la Ría ha mostrado su rechazo al documento que se somete a aprobación del pleno municipal y que pretende recalificar suelo no urbanizable para la construcción de 260 viviendas más allá de la ronda de circunvalación. Un proyecto diseñado por el arquitecto José Álvarez Checa y por una empresa de ingeniería sevillana.

El documento, que ha sido aprobado por el jefe de los servicios técnicos municipales, “pone de manifiesto una nueva incongruencia de este Ayuntamiento, ya que esta misma persona, hace unos días, participó en una mesa redonda organizada por el Colegio de Arquitectos sobre el futuro urbanístico de Huelva, donde se debatió sobre la inconveniencia de realizar proyectos urbanísticos que saltaran la ronda de circunvalación H-30”, ha asegurado el concejal de Mesa de la Ría Rafael Gavilán.

Para Gavilán, “el desarrollo de Huelva y su crecimiento está suficientemente afianzado con los planeamientos pendientes por desarrollar por el anterior PGOU que disponen de cientos de viviendas de protección oficial, como el ‘Ensanche Sur’ o ‘Seminario’.

Alejar a la población del centro y del casco histórico hacia guetos aislados como el previsto por el grupo socialista, sin priorizar los desarrollos urbanísticos pendientes, supondría profundizar más en la crisis económica de la ciudad y ahondar en el cierre de comercios del casco histórico y de la ciudad”, asevera.

Asimismo, la formación subraya que “la recalificación de suelos propuesta en esta ocasión ahonda en la crisis climática, pues los desplazamientos de los habitantes de esas viviendas tendrían que producirse con vehículo privado, ya que la ronda H-30 los segrega de los servicios públicos de la ciudad. Del modelo de una Huelva compacta, el grupo socialista pretende pasar a la de una ciudad dispersa para hacer caja a través de la especulación urbanística, algo ya insostenible”.

El concejal Rafael Gavilán lamenta que “el alcalde carezca de un modelo claro y definido de ciudad y siga actuando contra los intereses de Huelva cediendo ante las presiones del lobby del ladrillo”.

Para Mesa de la Ría esta recalificación urbanística tiene “claros indicios de ilegalidad”, recordando que en el caso del proyecto de las Torres de Punta Umbría, “una actuación similar que le ha costado a su Ayuntamiento más de 19 millones de euros”. En este caso, “las exigencias de la Ley de Costas establecen una serie de requisitos que el proyecto de urbanización planteado incumple flagrantemente”, ha concluido  Gavilán.