El sindicato CSIF ha celebrado el protocolo que la Junta de Andalucía ha elaborado para prevenir y actuar ante agresiones contra el personal funcionario de la Administración de Justicia en el ejercicio de su trabajo, que además ha contado con el visto bueno previo de los representantes sindicales. La central sindical ha reconocido que este conjunto de medidas “era imprescindible” y ha valorado la puesta en marcha de esta iniciativa que llevaba pidiendo desde el año 2017 ante el elevado riesgo al que se enfrentan los 573 empleados y empleadas que desempeñan sus tareas en las sedes judiciales de la provincia de Huelva.
Este protocolo, acordado a nivel andaluz, es pionero ya que Andalucía será la primera comunidad en contar con una herramienta de este tipo, que ya existía en otros servicios públicos pero no en la Administración de Justicia “a pesar de las circunstancias tan especiales de este sector y de que su personal está más expuesto, en especial a las agresiones verbales y psicológicas”, ha explicado CSIF. “A la particularidad de los asuntos que se tratan hay que añadirle que es una de las pocas ramas de la Administración carente de un servicio de atención al usuario, por lo que el ciudadano que debe acudir a órganos como el Registro Civil o los juzgados de guardia llega en persona hasta la misma mesa o el puesto del funcionario”, ha añadido.
En este sentido, además de resaltar que el sistema de cita previa implantado con motivo de la pandemia para aforar las sedes judiciales “aún se está afinando”, CSIF se felicita de que el protocolo profundice en la instalación de puntos de información para mejorar la relación con la ciudadanía. También considera positivo que se establezca la necesidad de crear un registro de agresiones en estos centros de trabajo porque, además de visibilizar el problema, el análisis de los datos facilitará la elaboración de un mapa de riesgo y la adopción de medidas preventivas concretas.
Según especifica la central sindical, el protocolo incluye medidas generales “correctoras”, como evitar el aislamiento del trabajador, ya sea físico u horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo y zonas de espera apropiadas y cómodas para el público; asegurar una correcta gestión de colas y esperas; monitorizar las entradas, las salidas y las zonas de mayor riesgo; ofrecer una información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones y horarios, así como advertirles de las consecuencias de los actos agresivos; y desarrollar un plan de formación específico para el personal sobre el manejo de situaciones conflictivas.
Finalmente, CSIF también califica de “acierto” que el personal funcionario cuente ahora con pautas o actuaciones que deberá seguir cuando se enfrente a este tipo de comportamientos, así como con una guía básica de orientación jurídica de cara a las acciones legales que pueden emprender.
