El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha reiterado la exigencia de dimisión de la alcaldesa Aurora Águedo, tras la decisión del TSJA de anular la modificación del PGOU que permitía la construcción dos torres de 19 plantas por vulnerar la Ley de Costas por constituir un apantallamiento urbanístico que proscribe la citada Ley.
La Sala de de Refuerzo de lo Contencioso-administrativo del TSJA con sede en Sevilla ha dictado Sentencia de 12 de enero de 2022 que estima el recurso del Ministerio de Transición Ecológica contra el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría de 14 de mayo de 2019 por el que se aprobaba la modificación del PGOU que permitía la construcción de dos torres de 19 plantas en los antiguos depósitos anulando el citado acuerdo plenario y ello por vulnerar la Ley de Costas por crear un pantalla arquitectónica que proscribe dicha ley “tal y como sostuvimos desde el principio” argumenta Hernández Cansino.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora tras una nueva sentencia del TSJA que lo confirma y no le queda otra que irse”.
Según el Portavoz de UPU, “la responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas así como en toda la tramitación de la modificación del PGOU donde incluso hicimos alegaciones en contra además de recurrir su aprobación”.
Por eso – ha argumentado – “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo”.
Cansino recordó que RIAUMBRÍA TOWERS S.L. ha reclamado al Ayuntamiento de Punta Umbría 13,4 millones de euros mas sus intereses en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados a la empresa por la anulación del proyecto urbanístico en la avenida Ciudad de Huelva. Concretamente reclama por un lado 11,5 millones en concepto de lucro cesante por los beneficios dejados de percibir, y otros 1,88 millones mas de indemnización por daños y perjuicios a sumar a los ya reconocidos por el ayuntamiento por ese concepto por importe de 1,7 millones de euros. Además deberá devolver la cantidad de 4,8 millones pagados como precio de las parcelas del proyecto fallido, en total la cantidad suma 19, 8 millones de euros.
Por último, y ante el anuncio de la alcaldesa de Punta Umbría de optar por 4 torres de 11 plantas en la parcela de los antiguos depósitos, el portavoz de UPU manifestó que “todavía siguen pendientes de resolución judicial hasta 5 procedimientos judiciales, y por tanto cualquier anuncio al respecto es un mero brindis al sol y un intento de desviar la atención sobre sus responsabilidades” añadiendo que “la alcaldesa está inhabilitada políticamente para tomar mas decisiones sobre el fututo urbanístico de dichas parcelas”
“Una alcaldesa que con sus decisiones ilegales hipoteca el futuro de su pueblo, tiene que asumir sus responsabilidades y presentar su dimisión inmediata” concluyó Hernández Cansino.
