El sindicato CSIF, a través su sector de Administración Local, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Hinojos por no remitirle una documentación solicitada el pasado mes de diciembre sobre el protocolo de acoso laboral de este Consistorio. La central sindical realizó este requerimiento después de que un trabajador activara el servicio CSIF Ayuda por un caso de presunto acoso en este Ayuntamiento.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la corporación, después de un mes y medio, el sindicato ha elevado su queja ante la Inspección por no haber recibido la totalidad de la documentación solicitada entre la que se encuentran, entre otros documentos, las actas de la aprobación, puesta en marcha y seguimiento del protocolo de acoso laboral; el acta del Comité de Seguridad del Ayuntamiento de la sesión donde se aprueba ese protocolo; el nombramiento de la comisión de seguimiento y los informes sobre la activación y el desarrollo de las medidas.
Tras la admisión a trámite de una querella penal contra el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, y dos concejales de su equipo de Gobierno presentada por un trabajador por presunto acoso laboral y tras activarse el gabinete CSIF Ayuda con el objetivo de asesorar al afectado, se pone en evidencia que este trabajador había solicitado en reiteradas ocasiones, desde hace un año, la activación del protocolo de acoso sin haber sido escuchado. CSIF explica que “este empleado público no ha obtenido respuesta alguna ajustada a la normativa laboral por parte de esta Administración para poder garantizar la vuelta a su puesto de trabajo, tras una baja laboral, con garantías y protección”.
La central sindical lamenta cómo este trabajador “se ha visto envuelto en una situación de abandono y desprotección por parte del Ayuntamiento” que ha apostado por “la inacción permanente haciendo oídos sordos a las peticiones del afectado y, posteriormente, a las de esta organización para hacer cumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales”. Además, CSIF recuerda que contar con un protocolo de acoso negociado es una obligación jurídica (ajustándose a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público, entre otras disposiciones) y que su incumplimiento es una “infracción muy grave” según se recoge en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). A las sanciones administrativas se le podrían sumar responsabilidades civiles e incluso penales.
Ante esta situación, CSIF asegura que “seguirá manteniéndose alerta sobre este caso del Ayuntamiento de Hinojos” y que tomará “todas las medidas necesarias para proteger a este trabajador y asegurar que se cumple la normativa de prevención y actuación ante el acoso laboral”. El sindicato recuerda que su gabinete CSIF Ayuda está a disposición de todas las personas afiliadas para prestar asesoramiento y soporte en este tipo de conflictos.
