Jueves 02 de Febrero de 2023

La agresiones en la Sanidad aumentaron un 67% en 2021, según CSIF

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El sector de Sanidad del sindicato CSIF ha denunciado que “la falta de personal y la mala gestión de la Administración sanitaria están propiciando más agresiones a los profesionales de la sanidad pública”, que en la provincia de Huelva aumentaron un 67,8% en 2021 respecto al año anterior, pasando de 84 a 141 casos -lo que supone una agresión cada tres días-, según los datos oficiales del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) que hizo públicos esta central sindical el pasado mes de febrero.

Con motivo de la celebración este sábado, 12 de marzo, del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, CSIF ha lanzado una campaña bajo el lema ‘Cero agresiones ¡Basta ya!’, con la que exige tolerancia cero frente a la violencia física y verbal y reclama más recursos y medidas de protección ante esta creciente conflictividad, agravada durante la pandemia por la falta de recursos humanos en los centros sanitarios.

Desde la central sindical se ha explicado que el alto nivel de contagios de la sexta ola, el colapso de Atención Primaria, el retraso en la atención de patologías no Covid, la presión hospitalaria y una mayor crispación social han provocado un aumento en el número de agresiones (141 en el ámbito onubense en el año 2021: 14 físicas y 127 verbales), ante lo que desde el sindicato se demanda, entre otras cuestiones, más plantilla, más personal de vigilancia, cambios normativos para combatir este tipo de conductas, mejor adaptación de los lugares de trabajo para que sean más seguros ante las agresiones, así como más campañas de sensibilización, según ha detallado.


Asimismo, CSIF pide que se facilite una mayor formación al conjunto del personal de la sanidad pública sobre cómo actuar ante casos de agresiones a profesionales de este ámbito.

Desconocimiento sobre el protocolo

Desde el sector de CSIF se explica cómo “los profesionales, en muchas ocasiones, no saben cómo activar el plan tras sufrir una agresión, en qué casos deben acudir para que se les realice un parte de lesiones o en qué situaciones pueden interponer denuncia”.

En este sentido, la organización lamenta que “los propios profesionales han normalizado situaciones de violencia verbal contra ellos”. De hecho, ha recordado que el sindicato continúa desarrollando la campaña HABLA, orientada a visibilizar y posibilitar que los profesionales que sufren este tipo de agresiones verbales las denuncien.

Por otra parte, CSIF ha expresado su “disconformidad con el hecho de que no se produzcan las reuniones trimestrales con los referentes policiales para analizar la situación, tal y como recoge el Plan de la Administración sanitaria para analizar qué tipo de medidas preventivas y de protección es necesario potenciar para reducir las agresiones”.

Potenciar la mediación de trabajadores sociales

“La sobrecarga de las Unidades de Prevención, que deberían ser reforzadas”, es otra de las deficiencias apuntadas por el sindicato, que defiende además una mayor concienciación de la ciudadanía en general, así como potenciar la figura del trabajador o trabajadora social de Atención Primaria “como agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas”.

Según explica CSIF, en la actualidad dicha mediación es prácticamente “inexistente” debido a la carencia de profesionales de esta categoría para desempeñar esta labor fundamental en Primaria, que el año pasado acaparó seis de cada diez agresiones.

Más condiciones de seguridad de los lugares de trabajo

Igualmente, reclama “mejores condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, de manera que el diseño del puesto de trabajo posibilite una salida ágil”. Por ello, CSIF aboga por “seguir avanzando en la modificación necesaria de las consultas, servicios de admisión y atención al usuario y de los distintos espacios de trabajo”.

Además, ha advertido de que “los botones antipánico no están en todos los servicios y en ocasiones no están cerca de donde se produce la agresión”, al tiempo que ha reclamado que “deben plantearse medidas estructurales o de protección colectiva, así como una dotación adecuada de vigilantes de seguridad”.

 

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