Un total de 150 ciudadanos ucranianos de los 250 que han solicitado la protección temporal, entre ellos 98 mujeres, 16 hombres y 85 niños, en la provincia a fecha 24 de marzo, ya tienen permiso para residir y trabajar en Huelva.
En la provincia de Huelva se han registrado 150 protecciones temporales a ciudadanos de Ucrania. En total, son 202 las personas de nacionalidad ucraniana que la han solicitado, entre ellos 98 mujeres, 16 hombres y 85 niños, según los datos más actualizados por la Subdelegación del Gobierno.
Así lo ha puesto de manifiesto la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parrado, en la primera reunión de la recién constituida comisión provincial para desarrollar el Plan Integral de acogida para refugiados ucranianos en Huelva tras la constitución, el pasado viernes 18, de la comisión andaluza, cuyo objetivo es la coordinación entre las distintas administraciones de cara a la adaptación de los recursos públicos disponibles con las necesidades de las personas desplazadas.
La reunión, integrada por la administraciones estatal, autonómica y local, y que ha sido presidida por la subdelegada, ha contado con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, la presidenta de la Diputación María Eugenia Limón, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano; el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Victorio Pedro Rodríguez, y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, del CNP, Javier Velasco.
Asimismo, también han participado el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés López; el jefe de la Unidad de Policía Autonómica, Juan León; el secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias; el Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Antonio Alvarado; y representantes de las entidades sociales y ONG Cruz Roja Accem, CEPAIM, y Huelva-Acoge.
La función principal de esta comisión es ofrecer una respuesta coordinada, ágil y efectiva a cualquier situación que se pueda identificar con la llegada y recepción de ucranianos, así como abordar las previsiones de llegadas y su recepción en la provincia, atendiendo a la singularidad de cada uno de los casos.
Estas comisiones se enmarcan en el Plan Integral de acogida que centraliza la atención en cuatro grandes centros en España dependientes del Ministerio de Inclusión, uno de los cuales se va a ubicar en la provincia de Málaga ya que es la provincia andaluza con mayor número de población ucraniana.
Estos centros se encargarán de la recepción y orientación inicial, disponiendo de alojamiento; atención y documentación para la obtención de la protección temporal y, por último, derivación a las plazas más adecuadas en función de su situación personal y en cualquier punto del territorio nacional, ya sean del sistema estatal, plazas autonómicas o en acogida familiar.
CEAR, Cruz Roja y Accem son las asociaciones designadas por el Ministerio de Inclusión para la atención y acogida de ucranianos en Andalucía, para quienes se tienen identificadas actualmente unas 3.100 plazas entre las ofrecidas por el Estado y por la comunidad autónoma. Concretamente, en Huelva Cruz Roja es la entidad financiada por el Ministerio de Inclusión para esa atención y acogida inmediata.
En este sentido, Parralo ha destacado que “esta comisión es la manera más efectiva para coordinar una rápida respuesta del gobierno de España en esta crisis humanitaria, habilitando mecanismos que permiten atender y asistir a los refugiados, adaptando los recursos públicos a las necesidades de los desplazados con eficiencia y pragmatismo”, al tiempo que ha animado a ucranianos a realizar el trámite de la protección temporal que se tramitará en el menor tiempo posible en la Oficina de Extranjería de las comisaría de Policía Nacional, en las que, a fecha 24 de marzo, se han registrado 150 protecciones temporales a ciudadanos ucranianos en Huelva.
Todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad trabajo, tras la activación el pasado 9 de marzo del procedimiento de urgencia. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtengan la protección temporal, podrán utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
