CGT Educación de Huelva ha protagonizado una concentración ante la Delegación de la Consejería de Educación en la mañana del miércoles, para «exigir que se mantenga la oferta de plazas en los centros públicos de nuestra ciudad y se disminuyan las ratios alumno-profesor para reforzar la calidad de la enseñanza. Tras la experiencia positiva de la disminución excepcional de las ratios durante la pandemia, creemos que no podemos renunciar a una mejora de este tipo ahora que se vuelve a la normalidad».

La política de recortes de la enseñanza pública, llevada a cabo por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ya se ha cobrado una víctima en el colegio público Tres Carabelas, en la barriada de La Orden, sobre el que se ha decretado el cierre a partir del próximo curso.

CGT unidades

Los motivos que alega la Consejería para este desmontaje de unidades y centros hacen referencia a la bajada de la natalidad y la disminución de las demandas de escolarización. Sin embargo, nos encontramos que se mantienen las líneas de escolarización a la escuela concertada (de titularidad privada), despilfarrando caprichosamente los fondos públicos en pro del beneficio de empresas privadas.

Que haya menos niños y niñas en nuestra comunidad no es inconveniente alguno para mejorar la calidad de la escuela pública, disminuyendo la ratio de cada aula. Avanzar en una educación más personalizada serviría para potenciar aún más las virtudes de nuestra enseñanza pública, que es la que sirve para integrar a la ciudadanía en los valores comunes de la democracia, el respeto y la cultura.

La educación sostenida con fondos públicos es un bien social que genera relaciones de igualdad sobre la base de la mayor calidad técnica y humana posible. Y al fomento de ese modelo habría de dedicar todo su esfuerzo la Consejería, como institución al servicio del bien común. La realidad de cada día nos muestra que las preferencias de la Consejería se orientan al beneficio de intereses privados e ideológicos de la enseñanza, en detrimento de lo público. Que quien gestiona, por mandato democrático de la sociedad, los servicios públicos los abandone a favor de las empresas privadas es una traición intolerable a dicha responsabilidad, adquirida con la ciudadanía. Y en esa deriva nos tendrán siempre enfrente.