Asaja-Huelva ha celebrado las ayudas para el incendio de Bonares, pero ha lamentado el agravio hacia los perjudicados por los desastres de Berrocal, Doñana y Almonaster la Real.
La organización agraria considera injusto el trato dispensado a esos territorios, en los que se perdieron miles de hectáreas de gran valor ecológico y resultaron afectados muchos agricultores, ganaderos y propietarios forestales
La declaración por parte del Gobierno de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para el área perjudicada (1.700 hectáreas) por el incendio iniciado en Bonares el pasado 25 de julio ha sido acogida de forma muy positiva por Asaja-Huelva. Sin embargo, y trasladando de este modo el sentir de decenas de asociados, no entiende por qué el Ejecutivo no tuvo la misma consideración para otros incendios acaecidos en la provincia en los últimos años, especialmente los de Berrocal (2004), Doñana (2017) y Almonaster (2020) en los que resultaron afectadas alrededor de 56.600 hectáreas.
De ellos, el más grave –no sólo de los mencionados, sino de los acaecidos en Andalucía en 25 años-, fue el de Berrocal, que afectó a 34.300 hectáreas de varias localidades de Huelva y Sevilla de las que tuvieron que ser evacuadas 2.000 personas y en el que perdió la vida un matrimonio de la provincia vecina. Los municipios damnificados vieron cómo se esfumaba su patrimonio natural y su sustento y, todavía hoy, tal y como ocurre en el territorio afectado por el de Almonaster en 2020 –con 12.000 hectáreas quemadas-, luchan por recuperar su entorno y su medio de vida.
“Insistimos en nuestra satisfacción porque la zona de Bonares, Rociana y Almonte afectada por el incendio de este verano y los damnificados por el mismo puedan ser beneficiarios de esta herramienta que antes conocíamos como `declaración de zona catastrófica´, pero es lógico que quienes han sufrido las consecuencias de grandes desastres forestales previos se pregunten por qué no se tuvo la misma consideración hacia sus municipios y cuál es el criterio del Gobierno a la hora de otorgar esta figura” que permite acceder a ayudas destinadas al restablecimiento de la normalidad de la zona afectada, explica el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz.
Cabe recordar que las ayudas pueden concederse a quienes hayan sufrido daños en sus viviendas, producciones agrícolas, ganaderas y por supuesto, forestales, por lo que Asaja insiste en la necesidad de cuantificar exhaustivamente las pérdidas en el patrimonio forestal además de los daños materiales en infraestructuras e inmuebles, porque es precisamente el entorno forestal el que alberga y posibilita una gran cantidad de aprovechamientos en las zonas rurales, desde la ganadería a la apicultura, pasando por la extracción de madera, corcho, setas, piñones y un largo etcétera.
La prevención, la mejor arma
Para Asaja-Huelva, el sector forestal está siendo objeto de una total desconsideración por parte de las administraciones competentes a pesar del enorme peso que tiene en la provincia. Prueba de ello son las más de 800.000 hectáreas –el 79% del territorio onubense- que ocupa el monte, la mayor parte de titularidad privada, donde la ganadería, la agricultura y la gestión forestal sostenible y eficaz están propiciando que el terreno esté protegido frente a los incendios forestales gracias a los trabajos de mantenimiento y limpieza que sus propietarios realizan durante todo el año.
“En una dehesa donde pasta el ganado es prácticamente imposible que se produzca un incendio”.“Los titulares privados son los primeros interesados en que esto no suceda, de ahí su compromiso en llevar al día sus Planes de Prevención de Incendios, estemos o no en época de alto riesgo de incendios y cuenten o no con ayudas para ello”, comenta Vicente Domínguez, responsable del departamento de Medio Ambiente, Forestal y Caza de Asaja-Huelva.
Esas zonas forestales, por tanto, no son el problema, sino “aquellas en las que, al no gestionarse adecuadamente, existen verdaderos `polvorines´ listos para que el día en que se unan las condiciones más desfavorables de altas temperaturas, fuerte viento y baja humedad, con alguna negligencia o intencionalidad, se produzcan los grandes incendios forestales que después vemos por televisión, fuera de capacidad de extinción”. Estas zonas coinciden, en la mayoría de los casos, con terrenos públicos en los que no se desarrollan aprovechamientos ganaderos.
En Andalucía, gracias a nuestro gran dispositivo de extinción, el Plan Infoca, “para nosotros uno de los mejores sin duda alguna, si no el mejor, con sus rápidas respuestas de intervención”, en la mayoría de las ocasioneslos incendios son controlados mucho antes de que produzcan daños más graves, “pero desgraciadamente eso no siempre es así o como hemos visto este año, no todas las comunidades autónomas corren la misma suerte”, lamenta Domínguez.
Desde su departamento, actualmente se tramitan alegaciones al documento Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA), Horizonte 2030. “Entre otras cuestiones, hemos transmitido nuestra inquietud al ver que, aunque la prevención y lucha contra los incendios se lleva más de la mitad del presupuesto del PFA, éste no será suficiente para combatir, sobre todo, estos grandes incendios forestales”, por lo que queda patente que la administración sigue aumentando las dotaciones presupuestarias de los dispositivos de extinción, “algo a lo que no nos oponemos en absoluto, pero sí a que no crezcan las dotaciones para trabajos de prevención y gestión”.
Asaja-Huelva recuerda que los aprovechamientos forestales y los usos tradicionales, además de ser generadores de riqueza y empleo y contribuir a evitar la despoblación de las zonas rurales, favorecen la prevención de los incendios forestales, por lo que insta a la administración a incentivar este tipo de actividades al tiempo que reclama más licitaciones anuales de trabajos forestales enmonte público, así como las autorizaciones pertinentes para que aquellos montes que reúnan las condiciones idóneas, puedan ser pastoreados por ganado doméstico.
“Los montes públicos no ven una grada, una motosierra o una desbrozadora como no sea que salgan ardiendo y entonces sí que por ellos inevitablemente transitan estas herramientas, pero desgraciadamente no para hacer una gestión forestal sostenible con el medio, sino manejadas por el personal de extinción. Ni la Junta, ni la mayoría de los Ayuntamientos, dedican medios económicos suficientes para hacer en el otoño e invierno estas gestiones y lo que es aún peor, no llevan a cabo un calendario anual de licitaciones, para ya que ellos no lo hacen, por lo menos dejen a las empresas forestales privadas que se encarguen de estos”.
“No conseguimos entender cómo puede existir tantísima carga burocrática para todo lo que tiene que ver con los terrenos forestales”. Desde Asaja-Huelva se gestionan cada año cientos de solicitudes de permisos forestales a los asociados y “no ha habido ni uno sólo al que la Administración haya denegado su resolución”.
“Queremos decir con esto que, la nueva Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, debe de tomarse ya de una vez en serio lo que en multitud de ocasiones les hemos trasladado en reuniones: llevar a cabo una reducción de la carga burocrática de los permisos forestales que se piden más comúnmente y permitir que los titulares privados puedan hacer en sus fincas los trabajos estipulados a través de declaraciones juradas y no teniendo que pedir constantemente permisos y más permisos que lo único que hacen es retrasar las actuaciones en campo y llevar al aburrimiento absoluto a todo el sector”.
“Ahora parece que podar, desbrozar, entresacar, clarear… todas estas labores que siempre se han hecho en el monte desde tiempos inmemoriales y que tan importante son para la gestión de nuestros montes, están mal vistas, eso sí y menos mal, por una pequeña parte la sociedad que piensa que lo mejor es dejarlo todo como está”. En esto, los forestales tenemos una gran asignatura pendiente y es la de defender mejor nuestro trabajo”, termina Domínguez.
