Según concluye el informe elaborado por el comité de expertos y entregado a la sociedad onubense, el pasado 10 de octubre, el proyecto de Fertiberia para los fosfoyesos “no puede ser considerado como una solución definitiva para la restauración de las marismas”, sino únicamente como “una actuación de urgencia para minimizar los riesgos asociados a las balsas de fosfoyesos”
El informe insta además a las administraciones competentes a que busquen una solución alternativa a la propuesta de Fertiberia con lo que a la postre viene a significar que “las tesis mantenidas desde hace una década por Mesa de la Ría eran ciertas: el proyecto de Fertiberia es una “auténtica chapuza” y, por tanto, del todo insuficiente para recuperar medioambientalmente el espacio natural degradado bajo más de cien millones de toneladas de fosfoyesos”, ha asegurado Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva.
Las dudas del Plan de Fertiberia
Mesa de la Ría considera que las conclusiones “desvirtúan en su totalidad” el plan de Fertiberia que consiste en dejar los residuos donde se encuentran, ocultos de la vista bajo una fina capa de tierra y que, por tanto, desde la sociedad onubense, con su Ayuntamiento a la cabeza, se debe ser muy exigente a la hora de reclamar una solución definitiva para el problema y no únicamente un “parche”, que es en lo que verdaderamente consiste el proyecto de Fertiberia, a juicio de la veintena de expertos de la Universidad de Huelva que lo han evaluado.
Mesa de la Ría recuerda que Fertiberia está obligada a cumplir con el mandato impuesto por la Audiencia Nacional, que la condenó a la “inmediata regeneración ambiental de los terrenos”. Para esta organización, una “actuación de urgencia para minimizar los riesgos”, tal y como han definido los expertos al proyecto de Fertiberia dista mucho de lo que debe ser una regeneración ambiental, pues dicho mandato solo puede interpretarse como lo que es: la obligación de acometer una solución definitiva a un gravísimo problema de contaminación provocado por décadas de vertidos industriales directos a la marisma del Tinto.
Para Rafael Gavilán, el Ayuntamiento debe ser muy exigente con el cumplimiento de una sentencia judicial que afecta tan directamente a su término municipal, a su población, así como a las generaciones venideras, y deberá instar a la autoridad judicial a que rechace esta solución “de mínimos” y se exija que la solución aceptada por la justicia sea la definitiva para considerarla como una verdadera regeneración ambiental.
