El primer teniente de alcalde de IU, David F. Calderón, ha propuesto al equipo de Gobierno de Cartaya iniciar un expediente para la resolución del contrato con la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, tras la declaración del agua de Nuevo Portil como no apta para el consumo. Es, declara Calderón, la “gota que ha colmado el vaso de las graves deficiencias que padecemos desde que PP e ICAR decidieron privatizar el servicio de aguas, entregándoselo a esta empresa”.
Calderón recuerda que “Nuevo Portil y El Rompido llevan años sufriendo múltiples interrupciones en el servicio de agua, con cortes de 12 a las 30 horas de duración y frecuentes episodios de disminución de caudal”.
Estos problemas de suministro, asegura Calderón, “evidencian serios problemas de las infraestructuras de distribución y gestión de la demanda, que perjudican notablemente a la población y empresas de nuestros núcleos costeros, cuyo principal motor económico es el turismo”.
A estos problemas, prosigue Calderón, se suman “las peligrosas deficiencias en la limpieza de la red de alcantarillado, con decenas de desagües atascados durante gran parte del año que aumentan la vulnerabilidad del municipio ante inundaciones como la sufrida por Cartaya en septiembre de 2021”.
Calderón recuerda que las Entidades suministradoras del servicio de agua, como Aqualia, «tienen la obligación legal de mantener permanentemente el servicio salvo causa de fuerza mayor”, así como “garantizar las condiciones de presión y caudal contratadas”.
Sin embargo, lamenta Calderón, “Aqualia ha hecho caso omiso a las reiteradas demandas del Ayuntamiento, que ya en 2019 aprobó una moción de IU para iniciar un expediente sancionador” y de asociaciones vecinales como la A.V. Portileños y la A.V. de El Rompido, que llevan años reclamando la calidad de un servicio que pagan a precio de oro”.
