La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización dirigido a una parte del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.
El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, y su responsable en Huelva, Emilio Gallango, consideran ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”. De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.
Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.
En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta. Además, las diferencias radican también en los criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.
El sector de AGJA de CSIF Huelva lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.
De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.
