La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado exige al Gobierno que reestablezca el derecho a la jubilación parcial voluntaria al personal funcionario y estatutario (de la sanidad pública), corrigiendo así la discriminación respecto a las personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.
Este derecho fue suprimido mediante el Real Decreto Ley 20/2012 por el que se llevaron a cabo diferentes recortes en el sector público, coincidiendo con la anterior crisis económica.
A finales del año pasado, Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo (“Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”) en el que supuestamente se comprometían a reestablecer este derecho. Sin embargo, en contra de la propaganda de estas organizaciones, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) –norma que regula las relaciones laborales en las Administraciones Públicas– sigue sin reconocer este derecho y por tanto, la jubilación parcial anticipada continúa derogada.
Por este motivo, CSIF se ha dirigido a la Ministra de Hacienda y Función Pública para que convoque la mesa de negociación del conjunto de las administraciones públicas para reestablecer de manera efectiva esta modalidad de jubilación, modificando el citado texto normativo y equiparando así el derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para el resto de contratos laborales.
