Las personas migrantes del asentamiento de Las Madres de Moguer van a presentar a presentar su solicitud de empadronamiento en la Mancomunidad de Mazagón este viernes acompañados por las organizaciones Alianza por la Solidaridad; la Asociación Multicultural de Mazagón y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pretende «restablecer el derecho al empadronamiento negado sistemáticamente por las corporaciones locales de las zonas freseras», según ha informado el movimiento asociativo que lidera esta causa.
Las organizaciones han informado que seis personas migrantes presentaron sus solicitudes de empadronamientos en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto y otras cinco lo hicieron en la Mancomunidad de Mazagón y que de todas solo han aceptado una en Moguer.
«El Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha contestado con un escrito donde afirman que esas personas no están inscritas en el censo de la localidad y en cuanto a Moguer, de las cinco solicitudes, solo una ha sido aprobada». En este sentido, las asociaciones han asegurado que la Asociación Multicultural de Mazagón presentó, hace unos días, una demanda en el Juzgado contra el consistorio «por tres casos resueltos de forma negativa».
Las asociaciones recuerdan que estas personas tienen derecho de empadronamiento tal y como queda reflejado en el capítulo 3 artículo del Real Decreto 1690/1986 se establece que “en el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas, chabolas, caravanas, cuevas e incluso ausencia total de techo, pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.
Por tanto, han asegurado, «el empadronamiento es un derecho y un deber de todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en los municipios del estado español, sean o no de nacionalidad española».
Además, han recordado que el empadronamiento ofrece el acceso a servicios básicos como educación y sanidad y representa el primer documento que necesitan las personas migrantes para conseguir el certificado de arraigo y el permiso de trabajo y residencia. La negativa de los ayuntamientos, «incluso a recoger la solicitud lleva a las personas migrantes a caer en manos de las mafias para empadronarse en domicilios ficticios pagando por ello una cantidad que oscila entre los 300 y 1.500 euros según cuentan las trabajadoras migrantes».
Solo dos empadronamientos hasta el momento
Hasta la fecha, entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, «donde malviven cientos de personas migrantes en chabolas», recuerdan las ONG, «solo hay dos personas empadronadas en sus infraviviendas con la ayuda de las asociaciones. Consideramos que la violación de este derecho es una clara discriminación y un ejercicio de violencia y racismo institucional por parte de las administraciones locales que lo practican».
Además, han recordado como en la jornada de este miércoles Toni Valro (IU) ha denunciado ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea la actitud de los ayuntamientos de negar el derecho al empadronamiento a las personas migrantes que viven en los asentamientos de chabolas de la provincia de Almería y Huelva.
