La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona que empadronaba a extranjeros en domicilios donde no residían en Cartaya por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental e investiga a otras cinco por este último delito.
La denominada ‘Operación Drompa’ comenzó en el mes de agosto del año 2022 tras recibir una denuncia del propietario de una vivienda explicando que tras ir al Ayuntamiento de Cartaya para realizar unos trámites tuvo conocimiento de la existencia de tres personas extranjeras que estaban empadronadas en su domicilio sin su consentimiento.
Por ello, comenzaron las investigaciones, sospechando los agentes de que podría no tratarse de un caso aislado y que alguna persona podía estar empadronando a ciudadanos extranjeros no comunitarios previo pago de alguna cantidad de dinero.
Para detectar casos similares, los agentes solicitaron colaboración del departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, al objeto de detectar otros casos, sobre todo de aquellos domicilios en los que constaran empadronados un cierto número de extranjeros.
Una vez obtenida la documentación aportada y tras su análisis, se averiguó que había otros cuatro domicilios con empadronamientos irregulares y sospechosos.
Por ello, los agentes se pusieron en contacto con los verdaderos propietarios y moradores de las viviendas afectadas, confirmando que las personas que figuraban como empadronados había sido registrados sin conocimiento ni consentimiento.
En el trascurso de las investigaciones se pudo averiguar que en cuatro de los domicilios donde figuraban los empadronados presentaron un contrato de arrendamiento falso y en el quinto domicilio lo hizo directamente la dueña en el Ayuntamiento acompañada de estas personas, aportando todos ellos fotocopia de su documento de identidad y la propietaria su DNI y escritura de la vivienda, lo que hizo sospechar a los agentes de esta última propietaria.
Finalmente, se procedió a la localización de cinco de las personas empadronadas, todos ellos de nacionalidad extranjera, manifestando que habían pagado cada uno la cantidad de 300 euros.
La supuesta autora que cobraba por los trámites ilegales de empadronamiento también fue localizada y detenida, resultando ser la propietaria de una de las viviendas donde constaban cinco empadronados; más otros diez del resto de domicilios.
La operación continúa abierta a la espera de análisis de más documentación y localización de todos los implicados.
La detenida junto con las diligencias instruidas fue entregada a la Autoridad Judicial competente.
