Ecologistas en Acción ha afirmado que la proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana es una propuesta «electoralista, cortoplacista y poco responsable», tal como «se evidenció en el Consejo», que la propuesta de ley es «un engaño a los agricultores para que presionen a sus alcaldes, y una quimera de zahoríes sin seguridad jurídica alguna».

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, Ecologistas ha subrayado que fue «necesario» y «enriquecedor» que el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana se reuniera este lunes en un pleno extraordinario informativo respecto a la proposición de ley para la regulación de los regadíos de la Corona Norte, cuyo objetivo es «favorecer el sistema agrícola de crecimiento ilimitado que se viene dando en la comarca».

Según ha indicado la organización, fue «muy enriquecedor» pese a que este consejo fue «ninguneado» por la Junta de Andalucía y tener la función, entre otras, «de informar facultativamente cualquier plan en la comarca que pueda afectar a este espacio natural».

Para la organización ambientalista, este Pleno que inició el parlamentario del PP proponente de la ley en su turno de palabra «con el mantra de esta ley no va de agua y no va de Doñana» ha permitido «conocer el significado en términos jurídicos, las consecuencias en materia ambiental y social y las repercusiones legales nacionales e internacionales de la ley que se debate este miércoles».

«Se pudieron conocer en el consejo los datos contrastados y la información necesaria para poder deducir sin mucho esfuerzo ni dudas que la aprobación de esta ley perjudicará la paz social en la comarca de Doñana, la economía de la agricultura que trabaja dentro de la legalidad, la respetabilidad internacional de España y el futuro del espacio natural más valioso y protegido de Europa», ha abundado la organización.

Por su parte, Ecologistas en Acción recordó en dicho pleno que, «en primer lugar, existe un grave problema social, unido al problema de destrucción de Doñana, al que hay que dar respuesta», pero que «no se puede hacer a golpe de ley rápida e irresponsable».

Así las cosas, la organización propuso al Pleno tres pasos a seguir por el Consejo, la ciudadanía y sus gobernantes electos. Por un lado, la retirada y decaimiento definitivo de la proposición de ley actual, «que es una variación de la ya planteada por el grupo Vox en 2022, con las mismas».

Por otro lado, reunir y partir de toda la información científica y técnica, así como un estudio real de la situación de cada familia afectada y las hectáreas de regadío o secano legalizada o no de cada una, y «hablar, debatir y, con gobernanza real y participación, buscar alternativas de reubicación, instrumentos de regulación, con la conservación del espacio protegido unido indefectiblemente con la prosperidad de la comarca, que no debe depender de los mercados sino de su fuente de recursos, que es Doñana y es a la que tienen que cuidar».

Cuidar el agua de Doñana

En tercer lugar, en consonancia con la política de la Unión Europea contra la deforestación, «conservar los espacios forestales y frenar la pérdida de masa forestal, en lugar de deforestar transformando a agrícola los espacios forestales, cambiando la Ley Forestal andaluza, aprovechar para mejorarlos», fomentando la sustitución de especies de ciclo corto usadas antiguamente a especies forestales autóctonas y monte mediterráneo que mejore y proteja la biodiversidad y, en consonancia con ello, cuidar el agua de Doñana.

Finalmente, Ecologistas preguntó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, si «en caso de ser aprobada la proposición de ley en el Parlamento de Andalucía, el Gobierno de España irá al Tribunal Constitucional», el cual, según la ONG, les confirmó que «así lo harían».

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha subrayado que el interés público superior de Doñana está «siendo sistemáticamente vulnerado y supeditado a intereses económicos que van en su contra y en contra de los valores socioeconómicos que son compatibles con su conservación».

Por ello, la organización acudirá a las instancias superiores que «puedan proteger sus valores y su integridad, como la Unesco y la Comisión Europea, para salvaguardar sus recursos naturales y su biodiversidad, que son los que, al fin y al cabo, sustentan y proveen de un futuro de arraigo y bienestar a las poblaciones de la comarca».