Tensa y polémica comparecencia en el Parlamento Andaluz en relación a la ampliación de regadíos de la Corona Norte de Doñana. El inicio de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha derivado en una contienda política especialmente entre PP y PSOE firmes en sus respectivas posturas, mientras expertos de diferente índole han ido pasando por el hemiciclo para tratar de aportar cordura a la guerra del agua abierta desde hace meses.
El primero en intervenir ha sido el director de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi y desde la mesa parlamentaria ha habido bronca por las preguntas formuladas, lo lo que incluso se han parado las comparecencias para revisar la reglamentación sobre las preguntas que se formulaban. Las aguas han vuelto a su cauce en la segunda comparecencia de Eduardo López en nombre de COAG. Tanto esta organización como COAG, han pedido le retirada de la Proposición De Ley y volver al consenso social en sus intervenciones. Algo en lo que también ha coincidido la organización ecologista WWF.
También ha comparecido un ingeniero experto que trabaja con las empresas del entorno y que considera «ridícula» la polémica, Juan Manuel Ponce, asegura que las hectáreas que se legalicen «estarían regadas con agua superficial», señalando además que, esto, «lejos de dañar el acuífero de Doñana, aportaría agua».
Entre los comparecientes, no estaba la ministra Teresa Ribera tal y como pretendían desde el PP, a este respecto, el secretario de Estado Hugo Morán ha indicado que ya «ha comparecido y ha dado explicaciones en el Parlamento de la Nación», que según ha recalcado es «donde le corresponde».
La Junta está «abierta a modificaciones» en el agua
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado a favor de la posible modificación de la proposición de ley sobre regadíos en Doñana, «si se plantean desde los partidos de la oposición aguna alternativa creíble y viable» una solución que no parece que vaya a surgir del debate.
Por el PSOE Mario Jiménez ha acusado al PP-A de plantear el desarrollo de esta comisión «con la intención de castrar el funcionamiento» de la misma, intentando «impedir» su trabajo y «la comparecencia de aquellas organizaciones y agentes económicos y sociales que puedan tener una visión diferente de la proposición del ley».