El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cartaya, David F. Calderón, ha presentado una moción en el Ayuntamiento para aplicar un recargo del IBI a las viviendas de grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas), que estén desocupadas durante dos o más años, según los términos establecidos en la Ley por el Derecho a la Vivienda, publicada en mayo de 2023.
En la iniciativa, que se debatirá en el pleno del próximo 26 de septiembre, IU también propone “iniciar los trámites para la declaración de las Zonas Tensionadas existentes en el municipio de Cartaya, como El Rompido y Nuevo Portil, lo que permitiría aplicar topes al precio de los alquileres”.
Izquierda Unida también insta al consistorio cartayero a “crear una Oficina Municipal de Vivienda”, con el objetivo de “realizar un registro de viviendas vacías, desarrollar actuaciones para incentivar el alquiler y asesorar a la población sobre sus derechos en materia de vivienda, los recursos públicos existentes y otras cuestiones que faciliten el acceso a la vivienda de personas con dificultades para hacerlo en condiciones de mercado”.
David F. Calderón, portavoz de Izquierda Unida en Cartaya, defiende que la declaración de “Zonas Tensionadas” en Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil permitiría regular los precios de los nuevos contratos de alquiler, con el fin de contener la escalada de precios en zonas como El Rompido, donde el valor del suelo ha aumentado un 32,3% en 2022 y un 17% en 2021, siendo uno de los núcleos costeros andaluces donde más ha subido la vivienda en los últimos años.
IBI a viviendas desocupadas
Calderón señala que “el recargo del IBI de viviendas permanentemente desocupadas de grandes propietarios contribuiría a ampliar la oferta de alquiler en Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil. El tope del alquiler y el recargo del IBI a viviendas vacía, asegura el portavoz de IU, “mejorarían las condiciones para el acceso a una residencia habitual de jóvenes y personas en riesgo de exclusión en nuestro municipio”.
Calderón recuerda que el derecho a una vivienda digna, recogido en la Constitución y numerosas normas internacionales, “contrasta cruelmente” con los enormes problemas de acceso a la vivienda que sufrimos en España, uno de los países de la Unión Europea donde los jóvenes se emancipan más tarde (30,3 años, de media).
Del mismo modo, Calderón señala “la insuficiencia de políticas de vivienda pública que ha sufrido históricamente nuestro país, donde el parque de vivienda social no supera los 290.000 inmuebles, ofreciendo cobertura sólo al 1,6?% de los 18,6 millones de hogares españoles, respecto al 15% de cobertura que ofrecen países como de nuestro entorno como Francia, Países Bajos, Austria, Dinamarca o Reino Unido”.
Cartaya no es una excepción a estos “graves problemas de acceso a la vivienda”, señala Calderón. “Durante los últimos años hemos observado un aumento importante de las personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, multiplicándose las demandas de vivienda social en Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, especialmente entre personas en riesgo de exclusión y jóvenes”, explica el portavoz de izquierdas, quien reclama que “las políticas de vivienda social suban a la primera línea de las agendas locales y autonómicas”.
