Emilio Gallango es un destacado profesional con una extensa trayectoria en el ámbito de la Administración en Huelva. Además de ser el responsable del sector de AGJA de CSIF en Huelva, tiene veintitrés años de antigüedad en la Administración, es titulado superior de la Junta de Andalucía, asesor jurídico del Instituto Andaluz de la Mujer, y funcionario de la Administración General del Estado. Gallango además ha sido letrado de la Administración de Justicia en el Estado durante cuatro años en el orden jurisdiccional penal.

El responsable sindical explica en esta entrevista la insatisfacción de los empleados públicos en Andalucía con la falta de cumplimiento de acuerdos previos y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y salariales. También destaca la situación en comparación con otras comunidades de España y hace un llamado a la movilización y la acción para lograr un cambio. Además repasa la acción sindical de CSIF en el sector de AGJA de estos últimos años.

RESPUESTA.- El objetivo principal de las movilizaciones es denunciar el incumplimiento del Acuerdo firmado en 2018 por parte de la Junta de Andalucía y exigir la recuperación de las ayudas de Acción Social y de la parte autonómica de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014.

Queremos denunciar la falta de voluntad por parte de la Junta de Andalucía para cumplir con el acuerdo de Mesa General de julio de 2018, que buscaba mejorar la calidad del empleo público y las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz.

La Junta de Andalucía ha estado posponiendo la implementación del acuerdo durante cinco años y no ha cumplido con aspectos importantes, como la recuperación de las Ayudas de Acción Social y la restitución de las cantidades pendientes de las pagas adicionales o complementos específicos de 2013 y 2014.

Todas las demás comunidades autónomas de España, excepto Andalucía, han recuperado las Ayudas de Acción Social. Esto se considera relevante, especialmente en tiempos económicos difíciles, ya que estas ayudas pueden ayudar a las familias en aspectos como la conciliación laboral y familiar.

Los empleados públicos en Andalucía han perdido poder adquisitivo a lo largo de los años debido a medidas como la reducción del 5% en 2010 y las posteriores congelaciones de retribuciones. Hay que reconocer el esfuerzo de estos empleados y garantizar una remuneración justa, por eso ahora toca alzar la voz y demandar lo que se considera un derecho para los empleados públicos, sin más excusas ni demoras por parte de la Junta de Andalucía que es la crónica de una muerte anunciada.

R.- Cuando hablamos de «la crónica de una muerte anunciada», nos referimos a describir la preocupante situación que se ha venido desarrollando en la Junta en relación con la privatización y externalización de los servicios públicos esenciales en la Junta. Un ejemplo destacado de esta problemática, que puede extrapolarse a todos los organismos de la Junta, es la voluntad de externalización de los Centros de Participación Activa, comúnmente conocidos como centros de mayores. Desde CSIF, consideramos que esta situación podría haberse evitado mediante una gestión pública adecuada y una inversión en recursos humanos.

R.- Durante estos últimos cuatro años, CSIF ha estado enfocado en la protección de los trabajadores públicos y más al principio del mandato que coincidió con la pandemia. En aquel tiempo, nos centramos en cuestiones de prevención de riesgos laborales y en garantizar las condiciones sanitarias adecuadas en los lugares de trabajo, como fue el suministro de mascarillas, geles, y la implementación del teletrabajo que ha venido para quedarse.

También hemos luchado contra la escasez de plantilla que se produjo debido a la congelación de ofertas de empleo público en los años previos a la pandemia. Asimismo, quiero destacar el compromiso y el esfuerzo de los empleados públicos que han trabajado incansablemente en esta situación excepcional prestando el mismo servicio con menos personal.

R.- Desde el sector, hemos estado vigilantes en los procedimientos de acceso a la Función Pública, asegurando que se realicen respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Hemos impugnado procedimientos irregulares, como los llamados «contratos exprés», que generaban confusión y descontento entre los aspirantes a empleos públicos. Nuestra impugnación llevó a que estos procedimientos no se volvieran a aplicar.

R.- La situación en la provincia de Huelva es preocupante en varios aspectos. En el ámbito de las guarderías, hay vacantes sin cubrir en diecisiete escuelas infantiles públicas, que afecta al personal de servicio doméstico, limpieza y alojamiento, técnico superior en educación infantil o educadores. Además, en las oficinas comarcales agrarias (OCAS) hay una falta notable de personal, y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) está experimentando una falta de investigadores y personal de laboratorio, entre otros.

Un aspecto crítico es el servicio público de Dirección Provincial de Explotación de Aguas, calificado como esencial por la propia Junta, que abastece diariamente a la población, la industria y la agricultura de manera continua. Sin embargo, las plantillas están tan tensionadas que es difícil establecer un calendario laboral adecuado debido a la falta de personal.

R.- En estos cuatro años, hemos conseguido desarrollar la carrera profesional de los empleados públicos. En materia de concursos, hemos participado en las comisiones de convenio, consiguiendo materializar los concursos de traslado del personal laboral y los concursos de méritos de los funcionarios.

En cuanto a la promoción interna, hemos participado en la negociación y materialización de estos procedimientos. Asimismo, hemos participado en los procedimientos de estabilización de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que permitirá que personas con una amplia experiencia en la Administración pueda consolidar sus puestos de trabajo, rebajando la tasa de temporalidad en la Administración Pública del 32% al 8%.