La Comisión Provincial para el análisis y seguimiento del Protocolo para la Prevención de Conductas Suicidas y Autolesiones ha mantenido su primera reunión tras su constitución en Huelva en noviembre pasado. Este órgano es pionero respecto al resto de las provincias andaluzas.
Durante el encuentro se han analizado los casos detectados, con el objetivo de asesorar a los equipos directivos de los centros educativos en las actuaciones a seguir. Además, ha vuelto a incidirse en la planificación y gestión de mecanismos que faciliten la coordinación de los diferentes sectores que componen la comisión. De este modo, la atención se realiza de manera integral y personalizada, no sólo desde el ámbito clínico o educativo, sino también desde el de salud mental.
Respecto a la periodicidad de reunión, Huelva ha establecido una inferior a la que es habitual en el resto de las provincias andaluzas, fijándola en una mensual, para atender con mayor prontitud los diferentes casos y llevar así un control más pormenorizado de los mismos.
Como propuestas, se ha indicado la necesidad de una evaluación cualitativa y cuantitativa al finalizar el curso académico, con el fin de elaborar un estudio de incidencia y resolución que se enviará a los equipos directivos.
Para el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, este protocolo, al igual que la comisión, “constituye una guía para la prevención del riesgo de conductas suicidas y autolesiones del alumnado con la que se acompaña a los centros educativos en la elaboración de una propuesta de prevención, protección e intervención para situaciones de riesgo o evidencia de conductas suicidas y autolesiones”. “Mediante la acción conjunta de las consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Salud y Consumo e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se garantiza algo tan importante como la salud y el bienestar de nuestro alumnado”, ha añadido.
Según el presente protocolo, las situaciones que deben activar las actuaciones programadas son varias: comunicación de la familia al centro educativo para alertar sobre situación de riesgo del alumnado; la comunicación al profesorado, equipo de orientación o equipo directivo por parte de los compañeros de clase sobre posibles conductas de este tipo; la observación por parte de cualquier profesional de la enseñanza o miembro de la comunidad docente de algún signo que evidencie una situación personal que pueda desembocar en un intento de autolesión o suicidio; o la propia verbalización explícita del alumnado de estar pensando en acometerlo.
En el supuesto de que el discente haya tenido un intento autolítico previo, se requiere del seguimiento y la activación de acciones específicas por parte de los docentes y del resto de la comunidad educativa.
La Comisión Provincial de Asesoramiento y Coordinación está integrada por miembros de inspección educativa, del Gabinete de Convivencia, del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, un representante del Colegio de Psicólogos y otro de Salud Mental, y las enfermeras de referencia, así como personal perteneciente a la delegación territorial de Salud, y de la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Como presidente de esta comisión ha sido designado el inspector de educación José Francisco Pérez.
