El coordinador de la Oficina Parlamentaria de Sumar en la provincia de Huelva, David F. Calderón, ha mostrado este viernes su satisfacción por la presentación del proyecto de Ley de Familias en el Consejo de Ministros impulsada por el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (en manos de Sumar) que busca «reconocer las diferentes situaciones familiares que existen en España», «mejorar la protección social de las familias» y «garantizar el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral» y ha recordado que solo en la provincia de Huelva la puesta en marcha de esta ley supondrá una ayuda mensual de 100 euros por cada  uno de los 10.000 niños menores de tres años.

Además, la futura ley estipula que los derechos de las parejas de hecho se equipararán a los de los matrimonios en varios puntos: derecho a pensión de viudedad (similar a la del matrimonio) y al complemento a mínimos de las pensiones; acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja. Este es un hecho “relevante” asegura Calderón, ya que responde a una figura jurídica cada vez más demandada.

Un total de 2.042 personas se han inscrito en Huelva en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía entre 2019 y 2023, lo que supone el 41,1% del total de las 4.968 parejas registradas en el histórico de la provincia onubense.

La Ley también supone el reconocimiento por primera vez de las familias monoparentales a las que se le otorgará el título de familia monoparental para el progenitor en solitario y sus hijos y tendrán acceso preferente a servicios públicos, como 16 semanas de educación infantil de forma gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo. Además, se equiparará los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas. En la provincia de Huelva existen un total de 21.500 familias monoparentales.

También se contempla, la protección a familias con personas con discapacidad. Se equipararán los derechos de las familias numerosas a aquellas familias que tengan un ascendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (frente al 65% actual). Y en familias con menores de edad con discapacidad, las administraciones competentes estarán obligadas por ley a asegurar la atención temprana y a facilitar los apoyos educativos necesarios.