La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha alertado de que el nuevo sistema de gestión procesal @driano atenta contra la salud de los profesionales de la Administración de Justicia y ha solicitado a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la realización urgente de una evaluación de riesgos psicosociales en todos los órganos judiciales en los que se está implantando.

El nuevo sistema @driano, que se puso en marcha con el objetivo de incluir mejoras en el expediente judicial electrónico y avanzar en la digitalización e interoperabilidad de los órganos judiciales, está provocando todo lo contrario, ralentizando el trabajo diario en los juzgados y generando situaciones de confusión, impotencia, estrés y desesperación entre los empleados públicos.

El vicepresidente del sector de Justicia de CSIF-A, Diego Díaz, ha criticado que este sistema de gestión “no sólo no pone solución a la lentitud que venía arrastrando la Administración de Justicia, sino que complica la actividad diaria de los trabajadores y trabajadoras hasta niveles insospechados en todos los ámbitos, agravándose aún más en el orden penal”. Además, ha calificado de “nefastas” las consecuencias que está teniendo la deficiente implantación de @adriano y la formación del personal para el uso de este programa, tanto para la labor diaria del personal de los juzgados como para la atención adecuada y el servicio que se presta diariamente a la ciudadanía.

En un escrito remitido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, la central sindical detalla cerca de una treintena de problemas detectados en la implantación del @driano y que van desde dificultades a la hora de realizar una simple búsqueda, modelos de resoluciones inapropiados por tener fallos o estar incompletos, comandos que no funcionan, hasta ampliar los pasos a dar para conseguir una función que antes sólo requería de uno sólo.

En el caso de los asuntos relacionados con violencia de género, CSIF critica que el nuevo sistema no permite etiquetarlos como tales, lo que se considerada un fallo grave puesto que es de vital importancia controlar este tipo de temas. Además, los Juzgados de Violencia en horario de tarde no han contado con formadores en @driano para las guardias, lo que ha provocado que el personal de este turno se vea falto de información sobre su uso.

Precisamente, la central sindical también explica en el escrito remito a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales las deficiencias detectadas en la formación impartida a los empleados y detalla que, en muchas ocasiones, se ha llevado a cabo en juzgados que estaban a plenos rendimiento y con multitud de gestiones en curso, provocando que el personal haya tenido dificultades de atención, al verse obligado a simultanear ambas acciones, es decir, jornada de trabajo y formación.

A esta manera desacertada de impartir el curso, en lugar de hacer uso de las bolsas de horas de formación, se une, a juicio de CSIF, el conocimiento limitado que tienen los formadores del trabajo de los juzgados y la dificultad para entender conceptos de derecho procesal básicos para el uso de este sistema.

El dirigente sindical ha explicado que con la evaluación de riesgos psicosociales que se ha solicitado a la Junta “queremos analizar los principales factores relacionados con la organización y las condiciones de trabajo, así como el entorno sociolaboral de las trabajadoras y los trabajadores de los órganos judiciales y valorar cómo afectan a su salud mental y física”.

Para este tipo de evaluaciones se suele utilizar el método FPSICO creado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que mediante un cuestionario permite realizar un diagnóstico de la realidad psicosocial de una empresa o administración. De estas evaluaciones de riesgos psicosociales se concluye con la puesta en marcha de unas medidas correctoras que buscan mitigar los riesgos identificados y promover un ambiente de trabajo saludable.

Estas acciones pueden incluir la reorganización del trabajo, el cambio o sustitución de los programas informáticos usados, la mejora de la comunicación interna, programas de apoyo al empleado, formación en gestión del estrés o también cambios en las políticas de recursos humanos.

CSIF no descarta acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si la Administración andaluza negara la existencia de los riesgos psicosociales detectados tras una evaluación o no implementara correctamente las medidas correctivas impuestas.