La Concejala de La Izquierda de Huelva  (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado este viernes una iniciativa al pleno municipal del próximo miércoles para que el equipo de Gobierno de Pilar Miranda inicie los trámites para la redacción del II Plan Municipal de Vivienda una vez concluidos los plazos del primero, una redacción que debe tener en cuenta la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central que regula los precios del alquiler y que debe servir para beneficiar a las familias “ahogadas por el alquiler” en la ciudad con los sueldos más bajos de Andalucía.

Así, ha explicado que en la actualidad hay 1.104 familias solicitantes de una vivienda social “mientras el mercado inmobiliario se encarece sin cesar y la ciudad sufre un notable déficit de viviendas en alquiler” lo que hace que el precio medio del alquiler se sitúe en 8,69 euros al mes el metro cuadrado.

Rossi ha recordado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que proclama la Agenda 2030, reclaman la adopción de políticas en materia de vivienda que respalden la realización del derecho de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, a precios asequibles; que luchen contra todas las formas de discriminación.

Por todo ello, “consideramos necesario que el Ayuntamiento proceda a establecer un Plan Local de Vivienda que sustituya, mejorándolo, el ya caducado de la administración anterior, y que en dicho Plan se formulen una serie de objetivos encaminados a desarrollar el derecho a la vivienda digna y asequible para el conjunto de la ciudadanía onubense”.

Según la concejala de La Izquierda de Huelva, este plan debe hacerse mediante “un proceso participativo enfocado particularmente a garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas jóvenes y las que padecen situaciones de vulnerabilidad y propone que dicho plan se comprometa a reservar el 40% de todas las nuevas promociones inmobiliarias a vivienda social”.

En el mismo sentido también se pide que se realicen las gestiones pertinentes con la Sareb (el llamado Banco Malo) para que el centenar de viviendas del que dispone en la capital se destinen a viviendas públicas de alquiler social.

Rossi, también solicita al Ayuntamiento de Huelva que inste a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a que declare como ‘zona de mercado residencial tensionado’ la totalidad de la ciudad para establecer fórmulas de cooperación institucional y financiera.

Por último, pide que se incluyan bonificaciones fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellos propietarias y propietarios de viviendas vacías que las ofrezcan en alquiler, con precios asequibles y que, por el contrario, incluya un recargo del 50% hasta el 150% del Impuesto de Bienes Inmuebles, a aquellos inmuebles desocupados durante más de dos años, pertenecientes a grandes tenedores (principalmente entidades bancarias y grandes empresas).