La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, afirma la apuesta del Gobierno por el empleo de los reclusos con buena conducta para asegurar su reinserción social. “Vamos a incrementar la oferta de trabajo retribuido en el Centro Penitenciario de Huelva, con alta en la Seguridad Social, desde los 300 puestos actuales hasta 340, lo que supondrá un incremento de un 15% la oferta laboral total del Centro”, afirmó Rico tras su visita a las instalaciones de los denominados Módulos de Respeto de la prisión y a los talleres de trabajo productivo.
Actualmente, el 70% de los 300 puestos de trabajo retribuido que se ofrecen en el Centro Penitenciario de Huelva corresponden a reclusos que están en los Módulos de Respeto y, por tanto, responden a los estrictos criterios del programa que tiene por objetivo garantizar la inclusión social de la persona privada de libertad vía la actividad laboral.
Este programa incluye una amplia oferta de trabajo productivo en prisión, donde destacan, entre otros, los talleres de carpintería metálica y de madera, el de mantenimiento, panadería, economato, alimentación, biblioteca, limpieza, gestión de residuos, lavandería, jardinería, reparto de comedor, pintor de edificios, o subalternos.
La subdelegada del Gobierno en Huelva indicó que “se ha puesto en marcha un nuevo taller productivo, que, a través de un call center, supondrá la creación de 40 nuevos puestos de trabajo a lo largo de este año”.
María José Rico subrayó, a su vez, que “uno de los objetivos prioritarios de todo Centro Penitenciario aparece descrito con rango de derecho fundamental en el artículo 25.2 de la Constitución Española, que señala que las penas privativas de libertad, la prisión, estarán orientadas a la reeducación y reinserción social de los internos e internas”.
El director del Centro Penitenciario de Huelva, Raúl Barba Durán, explicó que “uno de los pilares de nuestra intervención es el trabajo en prisión, pues resulta fundamental la adquisición de hábitos laborales que posibiliten una futura vida en libertad absteniéndose de cometer delitos”. Durán apostilló que “más que hablar de una segunda oportunidad, para muchas personas el trabajo en prisión supone su primer empleo con alta en la Seguridad Social”.
En todo caso la evidencia empírica demuestra que la intervención de los poderes públicos para la reinserción social de los reclusos que voluntariamente decidan acogerse a los programas al efecto reduce significativamente la tasa de reincidencia en el delito. “Por consiguiente –concluyó Raúl Barba–, al tiempo que la intervención mejora la calidad de vida de la propia persona privada de libertad y de su entorno social, también sirve para incrementar la seguridad del Estado en general”.
