La cárcel de Huelva es la cuarta de España en número de agresiones a funcionarios, según se desprende de los datos oficiales del Ministerio de Interior para el año 2023 y recoge la central sindical CSIF, que los ha dado a conocer sobre la situación de los funcionarios en las prisiones españolas, en cuanto al número de agresiones registradas hacia ellos por parte de la población reclusa. Según el Ministerio de Interior, en 2023, en el centro penitenciario de La Ribera (Huelva) se produjeron 19 agresiones a funcionarios, de las cuales 10 fueron de carácter leve y 9 agresiones sin lesiones.

CSIF denuncia que los trabajadores de prisiones en la cárceles Españolas sufren una agresión cada 17 horas, 508 en el año 2023. Se ha producido un aumento del 12% con respecto a las agresiones del año 2022 en todo el territorio nacional. Para el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Huelva, las cifras oficiales son «inasumibles en un estado de derecho» y que “deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando”.

Además, a juicio de CSIF, son cifras que “están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones”. Si se tuvieran en cuenta estos episodios, “la cifra sería más escandalosa”. Por ello, CSIF también ha reclamado que se actualice dicho protocolo, que, a día de hoy “enmascara y distorsiona la lacra de las agresiones a funcionarios en las prisiones”.

Hace aproximadamente dos años, se llevó a cabo una extensa remodelación en el centro penitenciario de Huelva, con un enfoque primordial en mejoras de seguridad, según lo informado por CSIF. Este proceso incluyó la instalación de cámaras de última generación destinadas a salvaguardar tanto a los trabajadores penitenciarios como a los internos.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, según declaraciones de representantes sindicales, parece que la puesta en marcha de las cámaras no ha tenido el impacto esperado en la reducción de incidentes y agresiones dentro de la institución. Algunos trabajadores sostienen que estas cámaras simplemente han aumentado la vigilancia sobre ellos, sin contribuir efectivamente a la disminución de los problemas de seguridad.

Además, las críticas se centran en la gestión de los incidentes, donde se señala que personas con escasa experiencia en el ámbito penitenciario son responsables de evaluar las acciones tomadas durante estos sucesos, a menudo desde una posición desconectada de la realidad dentro de la prisión. Se plantea una preocupación adicional respecto a la limitación en la investigación de las causas de las agresiones, ya que el servicio de prevención de riesgos laborales no tiene acceso para indagar en estos incidentes, dejando esta responsabilidad exclusivamente en manos de los Subdirectores de Seguridad

Los incidentes en el centro penitenciario están relacionados con diversos factores interrelacionados, según indican fuentes cercanas al ámbito carcelario. Estos incluyen la entrada clandestina de drogas, el uso inapropiado de medicamentos y la falta de adherencia a los tratamientos médicos, así como los problemas de salud mental entre la población reclusa. Sin embargo, una crítica importante se dirige hacia las políticas administrativas “buenistas” que favorecen una clasificación laxa de los internos, con el propósito de reducir el número de reclusos en el nivel de tratamiento más restrictivo, conocido como primer grado, generando tensiones dentro del centro penitenciario.

Esta situación repercute negativamente en la convivencia interna y en la labor diaria de los trabajadores penitenciarios, que se enfrentan al desafío de rehabilitar a individuos que han sido marginados de la sociedad debido a su comportamiento delictivo, con la esperanza de reintegrarlos en condiciones mejores a las que ingresaron.

Agresiones en Semana Santa de 2024

Durante la reciente Semana Santa, el centro de Huelva experimentó una serie de incidentes desencadenados por el proceso de distribución de medicamentos para un periodo de cinco días. El miércoles santo, 27 de marzo, se llevó a cabo la entrega de medicamentos para el resto de la semana. Esta medida, atribuida a la escasez de personal y una gestión deficiente del servicio —ya que anteriormente se distribuía la medicación diariamente—, se señala como un factor probable detrás de los graves altercados ocurridos en los días siguientes.

CSIF añade que es “crucial que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo, ya que, sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos”. “Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos”, apostillan desde la central sindical.

Recientemente, CSIF ha llevado a cabo negociaciones con el objetivo de reactivar el proceso parlamentario para otorgar la condición de agentes de autoridad al personal del centro. Sin embargo, existen dudas y preocupaciones sobre la efectividad de estas gestiones, dado que experiencias pasadas, como la iniciativa del 28 de julio de 2022, no lograron incluir dicha condición en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).

La dilación en el proceso de enmiendas y el fin de la legislatura anterior fueron factores determinantes que frustraron la inclusión de esta medida en la legislación vigente. Ante este panorama, CSIF permanece en una posición de expectativa, esperando que esta vez se logre avanzar con éxito en la protección y reconocimiento del personal del centro.

El sindicato CSIF hace hincapié además en la escasez de facultativos para atender a una población con graves trastornos psiquiátricos. Esta denuncia se suma a una serie de reclamaciones previas realizadas por el sindicato en múltiples ocasiones.

Para CSIF, hay que tener en cuenta que falta personal en todas las categorías, pero hay casos sangrantes como el tema médico, con un déficit de personal facultativo que impide el correcto seguimiento y tratamiento de numerosos internos que padecen trastornos y enfermedades mentales. Es obvio que estas patologías, cuando no son atendidas adecuadamente, la agresividad aumenta.

Al mismo tiempo, CSIF considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «debe ofrecer una formación continua y actualizada en materias relacionadas con las funciones que desempeñan los trabajadores, con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, riesgos ante las agresiones».

El reciente asesinato de Nuria, una compañera de los trabajadores penitenciarios en la prisión de Tarragona, ha sido el desencadenante de las movilizaciones llevadas a cabo por el gremio en Cataluña. La trágica muerte a manos de un interno asignado a la cocina de dicho centro ha generado un profundo pesar y consternación entre sus colegas.

Este suceso ha puesto de manifiesto las precarias condiciones en las que labora el colectivo penitenciario, quienes se desenvuelven en un entorno hostil y con un alto riesgo constante. La pérdida de Nuria, lamentablemente, no es un caso aislado, sino que representa una dolorosa evidencia de los peligros a los que se enfrentan diariamente los trabajadores en el ejercicio de sus funciones dentro de las prisiones.

La Central Sindical espera que la Administración penitenciaria «corrija esta situación y cuide de su personal, pues nadie, en su puesto de trabajo, debe correr riesgos hacia su integridad por falta de medios».

Por último, CSIF denuncia que el pasado 2 de abril, la Subdelegada del Gobierno en Huelva llevó a cabo una visita a diversas instalaciones del Centro Penitenciario. Sin embargo, la Dirección del centro decidió no involucrar a los representantes de los trabajadores en esta visita, privándoles así de la oportunidad de proporcionar una perspectiva más completa sobre las diversas problemáticas que tienen y que obstaculizan su labor diaria.