Un total de 40 organizaciones sociales y ambientales han lamentado que alrededor de mil temporeros migrantes han pasado el verano «sin agua» en los asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva, por lo que critican que las administraciones públicas «no han respondido al llamamiento de los colectivos sociales que solicitaron su intervención para solucionar este problema».

En este sentido, según señala Ecologistas en Acción en una nota, las organizaciones critican «el racismo institucional» y han exigido a las administraciones locales, autonómicas y estatales «el empadronamiento y regularización de las personas trabajadoras» así como la creación de una mesa de trabajo de «emergencia» que «ponga fin a los problemas de agua, basuras e incendios».

Asimismo, han recordado que a finales de julio solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica coordinar una respuesta con las distintas administraciones a través de la creación de un corredor de emergencia para «garantizar» el acceso a agua potable y salubridad en los asentamientos ante las «sucesivas» olas de calor de este verano.

Al respecto, los colectivos indican que en la provincia de Huelva existen «unos 40 asentamientos», donde «llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de la campaña de recogida de la fresa que va de enero a junio» y denuncian «el abandono por parte de las distintas administraciones competentes».

«Las condiciones de vida de los asentamientos –que aparecieron hace más de 25 años por la necesidad de gran cantidad de mano de obra para el cultivo de los frutos rojos y la falta de alojamientos– atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer kilómetros en bicicleta o andando», remarcan.

Ante esta situación, las organizaciones sociales critican la «inacción» de «todas las administraciones» y señalan que «lejos de los anuncios que viene realizando en los últimos meses la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en torno Plan Easen para erradicación de los asentamientos, la realidad sobre el terreno muestra una situación de emergencia que únicamente está siendo atendida por asociaciones como La Carpa con personas voluntarias».

En este punto, subrayan que «esta asociación ha efectuado en lo que va de verano una decena de repartos en los asentamientos en los que ha distribuido más de 10.000 litros de agua embotellada en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe».

Asimismo, las organizaciones lamentan «la falta de avances significativos en la implementación del Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas» estableciendo, a corto plazo, módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica».

«Tampoco las Administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, municipios donde se encuentran situados los asentamientos y, por tanto, las más cercanas a los mismos, han puesto en marcha acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de las personas temporeras. Por su parte, los alcaldes se niegan a empadronar y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas y ciudadanos de esos municipios, contraviniendo con ello la legalidad», han añadido.

Las organizaciones afirman que «este ninguneo se extiende a la negativa de atender a la población, en una situación de emergencia como en los incendios que se producen habitualmente en estos asentamientos donde, en algunos casos, han llegado a dormir al raso hasta 400 trabajadoras y trabajadores afectados», y reclaman la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y «la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos«.