El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha mostrado este martes su más enérgico rechazo a los recortes en las cuotas de boquerón que ha planteado la Comisión Europea en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025.
En su opinión, de aplicarse “sería un desastre total para nuestra economía, puesto que haría inviable que los barcos del cerco salieran a faenar y esto afecta de forma directa a 216 familias de Punta Umbría, así como a muchos otros de forma indirecta”.
En concreto, 18 barcos se dedican al cerco en el municipio para la captura del boquerón, con una media de 10 a 12 tripulantes cada uno, lo que engloba las citadas 216 familias puntaumbrieñas.
Además, como efecto indirecto “tendrían que cerrar la lonja que gestiona la Cofradía de Pescadores y la fábrica de nieve, entre otras empresas auxiliares, porque su facturación anual depende en un 70 por ciento del boquerón”, ha recalcado el regidor municipal. De ahí que sea “inasumible que tantas familias de Punta Umbría se quedaran sin trabajo”. Del mismo modo, esta situación afectaría a rederos, empresas de envases, empresas de efectos navales y un largo etcétera.
En opinión del alcalde, “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, por lo que “exigimos que se tenga en cuenta el peso específico que tiene el sector pesquero, en general, y el del cerco, en particular, en la economía de Punta umbría”.
Tal y como ha lamentado “no se puede condenar la forma de vida de los principales puertos del Golfo de Cádiz, en la que nos incluimos”. Por eso exige “que se tenga en cuenta el criterio del sector, que está diciendo que los informes de los biológos no están bien hechos. Ellos son quienes mejor conocen lo que tienen entre sus manos”, ha apuntado.
Dadas estas premisas, Hernández Cansino ha anunciado que el Ayuntamiento de Punta Umbría muestra su “apoyo incondicional” al sector, a la Cofradía de Pescadores ‘Santo Cristo del Mar, así como a su Patrón Mayor y presidente de FACOPE, Manuel Fernández Belmonte, y “no dejaremos de luchar hasta que se frene este planteamiento sinsentido, que no tiene en cuenta para nada el impacto social y económico que generaría en los puertos afectados”, finaliza el alcalde.
