3 octubre 2024

IU presenta alegaciones «contra la macrourbanización de El Rompido»

El portavoz de Izquierda Unida en Cartaya, David F. Calderón, ha anunciado la presentación de un recurso de alzada contra la resolución de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la construcción de una urbanización de lujo en el núcleo costero de El Rompido, en el término municipal de Cartaya.

El proyecto, denominado «Sagitta», contempla la urbanización de más de 1.300.000 metros cuadrados, con la construcción de entre 800 y 1.000 viviendas de lujo, un campo de golf de nueve hoyos, hoteles y un centro comercial. Para Izquierda Unida, este plan es altamente “especulativo y pone en riesgo el equilibrio ecológico y la capacidad de carga del territorio, en una zona de alto valor natural y paisajístico”.

Según el recurso presentado por David F. Calderón, la urbanización aumentaría la presión sobre los recursos hídricos, en una zona que ya enfrenta problemas de suministro de agua, además de incrementar la especulación urbanística que expulsa a la población local. «El Rompido no necesita más viviendas de lujo ni campos de golf, sino vivienda social y medidas que protejan su rico patrimonio natural», ha señalado Calderón.

Izquierda Unida denuncia que la AAU aprobada no respeta los principios de sostenibilidad ni las normativas vigentes, y advierte que el impacto sobre el entorno natural de las Marismas del Río Piedras y la Flecha de El Rompido podría ser “irreversible”.

Además, Calderón ha destacado que no se ha tenido en cuenta la viabilidad hídrica del proyecto, ya que no existen garantías de que se pueda abastecer con agua regenerada, incumpliendo así la normativa vigente. En palabras del portavoz de IU: “Es inadmisible que en pleno contexto de crisis climática y sequía, se proyecten urbanizaciones que requieren millones de litros de agua diarios para su mantenimiento”.

Con este recurso, Izquierda Unida reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra la especulación urbanística, exigiendo que se revoque la autorización y se busquen alternativas que prioricen el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de la zona.

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