Los sindicatos CSIF, SPJ-USO y UGT, que representan el 66% de la Mesa Sectorial de Justicia en Andalucía, han solicitado que se convoque la Mesa Sectorial para negociar mejoras en las condiciones laborales del personal funcionario, tal y como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, la más reciente, la de Canarias.
Las tres centrales sindicales, que ostentan las dos terceras partes de la representatividad de este colectivo, han presentado un escrito con una Propuesta de Acuerdo Retributivo y otras mejoras laborales ante la Consejería de Justicia, para que el consejero, José Antonio Nieto, «cumpla con su palabra, dada en dos ocasiones, referente a negociar todos los conceptos retributivos vinculados a cuestiones exclusivamente autonómicas, como son, entre otras, las cargas de trabajo en Andalucía. Y acceda a negociar de una manera seria, como está ocurriendo en la gran mayoría de territorios transferidos: País Vaco, Madrid, Cataluña, Asturias, la Rioja y Canarias, así como las cinco comunidades autónomas dependientes del Ministerio de Justicia (Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla)».
Los sindicatos recuerdan que «la semana pasada, la comunidad autónoma de Canarias cerró un acuerdo de actualización de las retribuciones autonómicas para 2.600 trabajadores de Justicia y en Andalucía el consejero Nieto suspendió unilateralmente y sin motivo, la Mesa de Diálogo del 2 de octubre, convocándola nuevamente para el día 9 de octubre, sin novedad alguna ni orden del día. Esta convocatoria debe traducirse, con carácter inmediato, conforme a la petición realizada por CSIF, SPJ-USO y UGT, en una negociación, sin dilatarla más de forma deliberada».
«La negociación no puede estar hipotecada a la amenaza de presentación de un posible recurso por la Junta de Andalucía contra el acuerdo alcanzado en la Mesa Delegada del Ministerio de Justicia», aseveran. Por otro lado, «nos preguntamos si el consejero también tiene previsto recurrir el resto de acuerdos similares que han sido aprobados en las distintas comunidades. Esta maniobra no es más que una acción dilatoria para eludir los compromisos asumidos. No queremos suponer que la verdadera razón sea la falta de capacidad política de Nieto para defender, ante la Consejería de Hacienda, la necesidad de una asignación presupuestaria para tal efecto».
Desde CSIF, SPJ-USO y UGT «rechazamos que se utilice a los 9.000 funcionarios y funcionarias de Justicia de Andalucía como arma arrojadiza en las batallas con el Gobierno Central, con la financiación autonómica de fondo, y que nuestra comunidad autónoma quede descolgada de la senda de acuerdos que sí se están firmando en el resto de ámbitos territoriales, lo que supondría relegar al personal de Justicia andaluz a la cola salarial del todo el territorio. Todo ello en una comunidad autónoma, Andalucía, cuya Administración de Justicia soporta la mayor carga de trabajo de España».
