El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha anunciado este viernes que la formación de izquierdas presentará iniciativas en los ayuntamientos con motivo de los “graves retrasos” que está sufriendo la aplicación de la Ley de Dependencia en la provincia de Huelva donde las personas que lo necesitan se llevan esperando la resolución 550 días más del máximo que marca la Ley.
Del mismo modo, Toti ha anunciado que el próximo lunes registrarán una iniciativa en el Parlamento de Andalucía en este sentido para pedir explicaciones: “la consejera, que además es onubense, Loles López, tendría que dar explicaciones de la falta de sensibilidad y compromiso del ejecutivo andaluz con la situación de las personas que se llevan meses y meses esperando que se les valore y conceda la Ley de Dependencia”.
Según los datos proporcionados por los sindicatos CCOO y UGT, la media de espera para acceder a los beneficios de esta ley en la provincia es de dos años, cuando la normativa establece un máximo de 180 días. «Este retraso es inaceptable y deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad», ha afirmado Toti.
En Huelva, 7.000 personas tienen su derecho a la dependencia reconocido, pero muchos de ellos no pueden acceder a prestaciones como cuidadores profesionales, teleasistencia o centros de día. Además, 4.000 personas llevan más de dos años esperando el reconocimiento de estos derechos, lo que en muchos casos provoca que fallezcan sin haber recibido la ayuda que legalmente les corresponde.
Toti ha señalado que este retraso afecta principalmente a las personas mayores y a aquellos con discapacidad, colectivos que dependen del sistema público para mejorar su calidad de vida. «Es una situación que está condenando a nuestros mayores a vivir sin dignidad, y la Junta de Andalucía, lejos de asumir su responsabilidad, sigue sin cumplir con los plazos que establece la ley», ha subrayado.
Más residencias públicas
Además, el coordinador provincial ha criticado la precariedad en las plazas de residencias públicas, ya que solo el 24% de las plazas son gestionadas por el sistema público, mientras que el 76% restante pertenece a centros privados. «No todos los mayores pueden permitirse una residencia privada, y es obligación de la Junta garantizar plazas públicas suficientes para cubrir esta necesidad», ha insistido Toti.
Izquierda Unida reclama una gestión más eficiente y humana del sistema de dependencia, así como la creación de más plazas públicas en residencias.
«La Junta de Andalucía no puede seguir demorando más la aplicación de la Ley de Dependencia. Es una cuestión de derechos, de dignidad y de justicia social. Exigimos que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para reducir los tiempos de espera y que se incremente el número de plazas públicas en las residencias«, ha concluido Marcos Toti.
