Izquierda Unida (IU) ha elevado una pregunta al Parlamento de Andalucía, a través de la parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sobre las “irregularidades” del macroproyecto turístico denominado «Sagitta», que contempla la urbanización de más de 1.300.000 metros cuadrados en El Rompido. La formación política denuncia los graves impactos ambientales y sociales que este plan podría provocar y pone en cuestión la transparencia y viabilidad del mismo.
El plan urbanístico incluye entre 800 y 1.000 viviendas de lujo, un campo de golf de nueve hoyos, hoteles y un centro comercial. Según el portavoz de Izquierda Unida, David F. Calderón, este proyecto es «altamente especulativo y pone en riesgo el equilibrio ecológico y la capacidad de carga del territorio, en una zona de alto valor natural y paisajístico».
Calderón ha destacado que esta macrourbanización dispararía la presión sobre los recursos hídricos en una zona que ya enfrenta problemas de suministro de agua, además de fomentar la especulación urbanística que expulsa a la población local. «El Rompido no necesita más viviendas de lujo ni campos de golf, sino vivienda social y medidas que protejan su rico patrimonio natural», afirmó.
Izquierda Unida también ha denunciado que las obras comenzaron sin haberse aclarado los permisos legales requeridos, y advierte que estas obras provocarán la destrucción de especies protegidas por la Directiva Hábitat de la Unión Europea y de Hábitats de Interés Comunitario. En este sentido, IU cuestiona la resolución de Autorización Ambiental Unificada (AAU), aprobada en agosto de 2024, alegando que no respeta los principios de sostenibilidad ni las normativas vigentes.
Asimismo, la formación señala la falta de transparencia del Ayuntamiento de Cartaya respecto al proyecto. Según IU, las solicitudes de acceso a la información relacionadas con el plan han sido ignoradas, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno, motivo por el cual tuvo que llevar al pleno municipal una iniciativa para mejorar la transparencia municipal que, finalmente, fue aprobada.
En su iniciativa parlamentaria, Izquierda Unida solicita a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que aclare qué medidas tomará para garantizar el cumplimiento de los condicionantes ambientales del proyecto y proteger las especies afectadas.