La Universidad de Huelva (UHU) ha acogido la celebración del seminario internacional de promoción intercultural denominado `Personas Refugiadas y solidaridad Internacional. Una aproximación jurídica a sus realidades en España (Huelva), Argentina, Brasil y Colombia´ que ha tenido como objetivo mostrar cuáles son las diferentes perspectivas de protección a las personas refugiadas, desde el Derecho, tanto en España como en Argentina, Brasil y Colombia como modelos de respuesta desde el Sur Global.

Este seminario, desarrollado en la Facultad de Derecho durante los pasados días 28 y 29 de noviembre, es una actividad financiada por el Vicerrectorado de Internacionalización y por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, con el apoyo del Grupo de Investigación DERGO (Derecho Público para la Gobernanza) y del COIDESO (Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social) y ha sido dirigido por la Profesora titular de Derecho Internacional Público y subdirectora de COIDESO, Nuria Arenas Hidalgo, la alumna de doctorado Lucía Ione Padilla, y el abogado de Cruz Roja, Francisco Peguero.

Durante la primera sesión del día 28 de noviembre, Francisco Peguero habló sobre la realidad de la acogida en España, concretamente en Huelva. Asimismo, se contó con el testimonio de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y que están en proceso de solicitar asilo o disponen ya del estatuto de refugiadas y viven en Huelva. Ellas expusieron de primera mano su experiencia de persecución, exilio y acogida en nuestra tierra, así como también su perspectiva en cuanto a las propuestas de nuevos modelos de acogida y solidaridad.

Por otro lado, en la sesión del día 29 se analizó la realidad de varios países de América Latina, “por tratarse de una región que ha dado claras muestras de que puede ser un importante laboratorio de prácticas jurídicas innovadoras en cuanto a la protección jurídica de las personas migrantes y refugiadas, del que Europa y, por tanto, España tendría mucho que aprender”, explica la profesora Nuria Arenas.

En ese sentido, ha proseguido la profesora, “América Latina se ha convertido en un escenario de referencia obligada, no sólo por contar con uno de los marcos normativos más avanzados a nivel mundial, sino también por la creatividad demostrada para hacer frente a las crisis de movilidad humana que han asolado dicha área en los últimos años”.

La región del Sur Global que amplió los límites definitorios del concepto de persona refugiada a principios del siglo XX “lidera hoy día un modelo de respuesta basado en una política de puertas abiertas, responsabilidad compartida, concesión de agencia a los individuos, buenas prácticas legislativas, regularización y medidas innovadoras en materia de cooperación regional, por lo que la idea de este seminario es que se puedan aportar buenas prácticas en materia de solidaridad y acogida que puedan extrapolarse a Europa y España”, subraya Nuria Arenas.

Para ello, en la última sesión de la jornada se contó con la participación de tres expertas: María José Marcogliese, Laura Madrid y Laura Ximena Pedraza, que dieron cuenta de las buenas prácticas desarrolladas en América Latina en cuanto a la protección jurídica de las personas migrantes y refugiadas. Todas ellas forman parte, junto con la profesora Arenas, de la Red LAREF: Red Latinoamericana sobre el Derecho y la Integración de las Personas Refugiadas.

Buenas prácticas desarrolladas en América Latina

Argentina

María José Marcogliese. Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo, Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).

Tradicionalmente, Argentina ha sido uno de los principales países de recepción de flujos migratorios de la región del Cono Sur de Sudamérica y del proceso de desplazamiento venezolano, que comenzó en el año 2016 y tuvo su mayor auge en el 2018, donde llegaron cerca de 157.000 personas.

Esta experiencia de Argentina en temas migratorios es debida a que siempre ha habido inmigrantes de Bolivia y de Paraguay y, por tanto, está habituada a ese tipo de acogida. Además, las personas desplazadas de Venezuela tenían un perfil educativo, social y cultural similar a los de Argentina y les resultó sencillo integrarse con facilidad.

El gobierno pudo regularizar a la gran mayoría a través de la aplicación del acuerdo de residencia del MERCOSUR, que es un acuerdo por el cual cualquier nacional de un Estado parte del Mercosur puede obtener residencia en otro de los Estados partes del Mercosur. En la actualidad, hay muchas personas que están regresando a su país porque la situación económica no es favorable.

Brasil

Laura Madrid Sartoretto. Abogada y profesora de Derecho constitucional e internacional en la Escuela Superior de la Magistratura Federal (Brasil).

Brasil ha sido el primer país que ha reconocido a los venezolanos como personas refugiadas bajo la definición de la `Declaración de Cartagena´ porque se estimaba que en Venezuela había una situación grave de violación de derechos humanos, por lo que a estas personas se les dio el estatuto de refugiado. Y luego Brasil estableció lo que se llamó la `operación acogida´, es decir, una operación que integró las fuerzas de la Organización Internacional para Migraciones, el ACNUR y el ejército brasileño, porque la gente que venía de Venezuela llegaba, sobre todo, a las regiones del norte del país -en la selva amazónica- donde hay pueblos muy pequeños y se necesitaba y crear una estructura de recepción de urgencia, con hospitales, con centros de acogida y abogados, entre otras necesidades

Después se hizo lo que se denominó `interiorización´, que es enviar parte de esas personas refugiadas a otras regiones de Brasil, porque la mayoría llegaba al norte del país. Entonces, salían autobuses a la región sur, sudeste, sureste y otras regiones de Brasil. A esas personas, como tenían el estatuto de refugiado, se les reconocía el acceso a derechos sociales y económicos. Se les documentó y se les garantizó la integración a través de los servicios sociales de cada uno de los estados brasileños.

ACNUR reconoció la operación acogida como una buena práctica porque se integraron muchísimas personas y se documentaron en poco tiempo. En términos de acceso a servicios de públicos y acceso al trabajo tienen todos los derechos y garantías.

Lo que también es muy interesante que pasó en Brasil es que se ha se ha facilitado la convalidación de los títulos a las personas venezolanas, por lo que hay muchas personas que están trabajando en su profesión.

Colombia

Laura Ximena Pedraza Camacho. Abogada, Universidad del Rosario. Oficial Legal Nacional del enfoque de Protección Internacional en la Corporación Opción Legal.

El país que más recepción de personas venezolanas tiene actualmente es Colombia.

El incremento progresivo de población año a año, desde 2015 ha sido especialmente importante por el cambio de paradigma entre su historia de expulsión forzada por conflicto interno a país de acogida de extranjeros continentales y centro americanos. Colombia implementó muchas medidas `ad hoc´ que procuraban una atención coyuntural y mediata de corto plazo en relación con la regularización de los millones de personas provenientes de Venezuela.

La atención al fenómeno se orientó a la creación de permisos de permanencia temporal dirigidos a portadores de pasaporte con ingreso regular al país, mecanismos diferentes de regularización que desde 2017 y hasta 2019 funcionaron con renovación de la medida cada año, hasta el 2021, cuando se promueve la creación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPMV) como mecanismo jurídico de regularización temporal que acogió a personas sin pasaporte pero que acreditaran ingreso al país hasta antes de enero de 2021, y con una vigencia de 10 años para el tránsito a la regularización con visa o la salida del país en 2031.

La problemática es que esto no tiene rigurosidad legal porque vienen creándose mecanismos jurídicos de regularización especial cada año de acuerdo con cómo se va viendo la coyuntura. Además de comprometer la seguridad jurídica de una estructura que ya debería ser sólida en temas de migración, lo que termina generando hoy es un resultado donde menos de la mitad de la población venezolana que está en Colombia en situación de irregularidad migratoria, la mayoría de las personas refugiadas en trámite de reconocimiento excluidas del sistema de refugio y finalmente muchas situaciones de exclusión en la incorporación de la población venezolana, y extranjera, a la sociedad colombiana.

La imposibilidad jurídica de acceder a un estatuto de regularidad migratoria implica en términos prácticos barreras de acceso a la educación o la salud y, por lo mismo, el régimen de protección a refugiados también sigue siendo altamente desconocido y perdiendo sus calidades entre la flexibilidad de las medidas de atención en emergencia en el régimen ordinario de trato a extranjeros.