La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y la teniente alcalde de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, han presidido el acto de formalización de nuevos contratos para avanzar en la regularización de viviendas municipales. De esta forma, se han entregado las llaves de otras cuatro viviendas municipales con el objetivo, ha dicho Pilar Miranda de “dar seguridad a las familias, responder a necesidades sobrevenidas de los inquilinos y dar la bienvenida a personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Huelva”.

En este caso, han sido dos viviendas en Huerta Mena, una en Pérez Cubillas y otra en el Torrejón, todas pertenecientes al Parque Municipal de Vivienda. La alcaldesa ha insistido en que “la vivienda es un elemento fundamental para garantizar proyectos de vida, por ello, en la gestión de las viviendas municipales prevalece una función social, para impulsar y apoyar a familias con dificultades a desarrollar sus proyectos de vida”. De esta forma, “nuestra intención es aprovechar estos alquileres para hacer un seguimiento a las familias inquilinas con la intención de acompañarlas”.

En esta línea, Miranda ha insistido en el compromiso de “trabajar intensamente para implementar una política de vivienda que atienda la situación actual y que actúe sobre las causas concretas que dificultan el acceso a un hogar en la ciudad, desde el convencimiento de que se trata de un bien de primera necesidad”.

Para llevar a cabo esta tarea, la política de vivienda municipal se centra en diferentes ámbitos, entre ellos, la promoción pública de nuevos pisos, como los que construirá, después de casi 20 años, el Ayuntamiento de Huelva en 2025 en la barriada del Torrejón, para ponerlas a disposición de las familias demandantes que más lo necesiten con rentas asequibles; la movilización de viviendas vacías; el impulso de políticas de rehabilitación energética del parque residencial de Huelva, así como la implantación de medidas para impedir la ocupación irregular de las viviendas municipales.