Adelante Andalucía considera «insostenible» el «peligro para la salud pública» tras «conocerse un estudio realizado por el Comité de Expertos de la Universidad de Huelva en el que participa el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III» que «certifica que los residentes cercanos a las balsas de fosfoyesos y el Polo Químico sufren altos niveles de contaminación por metales pesados», por lo que ha destacado la «deuda pendiente» de las administraciones con los vecinos.
A juicio de los andalucistas, «todas las administraciones han estado mirando para otro lado durante décadas sobre la contaminación en la ciudad y buena parte de la provincia y las consecuencias son graves para la salud de los ciudadanos en lo que consideran atentados continuados al medio ambiente», han indicado en una nota.
«Que la salud de los onubenses esté en peligro constante no es un accidente sino producto de unas políticas medioambientales, industriales y de desarrollo por las que Huelva es un vertedero a cielo abierto donde traer toda la mierda contaminante que nadie quiere. Los responsables políticos son los gobiernos del PP y PSOE en las distintas administraciones», han afirmado.
La organización de izquierdas ha invitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a que «trasladen su residencia a la barriada de Pérez Cubillas y vivan y respiren ellos mismos y sus familias a quinientos metros de cien millones de toneladas de residuos tóxicos».
Adelante considera que «nadie quiere que sus hijos respiren día y noche aire contaminado, pero parece que Huelva está condenada a vivir entre residuos tóxicos mientras las empresas que los generan se enriquecen y los partidos en el Gobierno no ofrecen ninguna solución para defender a sus ciudadanos».
Desde Adelante Andalucía señalan que «seguirán trabajando» en la capital junto a los colectivos ecologistas y vecinales «para recordarle al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que tienen la obligación de defender la salud de los ciudadanos». «Hay que romper de una vez por todas la connivencia de las empresas que llevan décadas contaminándonos y los gobiernos que en vez de resolver el problema quieren taparlo», concluyen.
