El coordinador provincial de Izquierda Unida (IU), Marcos Toti, también diputado de la Izquierda de Huelva, propondrá en el próximo Pleno de la Diputación de Huelva una moción para exigir a la Junta de Andalucía que asuma directamente la gestión de los centros de menores de la provincia, para «garantizar la calidad del servicio y la dignidad laboral de quienes lo prestan».
Así lo ha manifestado tras un encuentro mantenido entre el coordinador de IU y responsables sindicales de CCOO del sector, entre ellos Rocío Lobo, miembro del equipo de acción sindical de Reforma Juvenil y Protección de Menores de CCOO-Andalucía.
Tanto IU como CCOO han lamentado la situación de «precariedad» que «sufren» los trabajadores y trabajadoras de los centros de protección de menores y justicia juvenil en la provincia de Huelva, «una precariedad que también afecta directamente al servicio que deben recibir las niñas y niños de dichos centros».
«La muerte de una cuidadora en un centro de menores en Badajoz ha puesto en evidencia la problemática estructural que atraviesa este servicio esencial. La mayoría de estos centros están en manos de empresas privadas que no ofrecen condiciones óptimas para una atención digna a los menores», ha declarado.
Por su parte, Rocío Lobo ha criticado que «el modelo actual, basado en la externalización, prioriza el beneficio económico por encima del bienestar de los menores». «Exigimos más recursos humanos y materiales. Queremos profesionales suficientes para poder ofrecer una atención educativa de calidad, como exige la normativa», ha afirmado.
Por otro lado, desde CCOO se reivindica también una «mayor dotación presupuestaria mientras se revierte el modelo de privatización», ya que las diferencias entre centros públicos y privados «son notables». En la provincia de Huelva existen 18 centros de acogida gestionados por entidades privadas, además de otros dispositivos para la atención a menores extranjeros no acompañados. Frente a ellos, solo hay un centro de gestión directa de la Junta de Andalucía, el ‘Juan Ramón Jiménez’, ubicado en Huelva capital, que «triplica en plantilla a los concertados y cuenta con personal laboral con salarios que prácticamente duplican los del personal de centros privatizados».
Para ambas organizaciones el testimonio del educador Sebastián Baluffo ha ilustrado «la gravedad de la situación». «Hay turnos en los que estamos completamente solos, no se cubren vacaciones y trabajamos con recursos escasos. Esta precariedad afecta directamente a los menores, que ya arrastran situaciones muy duras», ha subrayado el educador.
Además, Baluffo ha subrayado que lo «óptimo» sería que la Junta «asuma directamente estos recursos y deje de delegar su gestión en empresas privadas».
Izquierda Unida llevará esta reivindicación a la Diputación y a distintos ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de que la administración autonómica «garantice unas condiciones dignas tanto para el personal como para los menores», en un servicio que, recalcan, debe ser «público, de calidad y libre de intereses mercantilistas».
