La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado el archivo definitivo de la querella interpuesta por los cuatro ediles del PSOE contra el alcalde de Punta Umbría por prevaricación administrativa y malversación en la venta del SAPU 5, tras desestimar el recurso de apelación, frente al que no cabe recurso.
A esta estimación ya se opuso el Ministerio Fiscal, y ahora el Auto aclara que «no se señala cual es la resolución administrativa que se atribuye al querellado, efectivamente estamos ante una resolución del Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría, sin pueda aceptarse a los efectos del delito de prevaricación que se imputa, cuyo primer requisito es que la autoridad o funcionario adopte una decisión en asunto que le esté encomendado en consideración a su cargo».
Además, el texto insiste en que «como se señala en el auto que acuerda el sobreseimiento, lo declarado por el arquitecto redactor del informe y el arquitecto municipal llevan a la conclusión contraria a la arbitrariedad».
Por último, en cuanto a la malversación, se expone que «la liquidación quedó desierta, lo que sería, como señala el Ministerio Fiscal, adelantarse a la persecución del delito a una fase previa».
Atendiendo a estos fundamentos descritos, el alcalde manifiesta que está «estudiando poner una querella por denuncia falsa a los cuatro querellantes dado el perjuicio que ha supuesto, no para mí, sino para el municipio».
Por su parte, el alcalde ha afirmado que con esta resolución «se pone de manifiesto una vez más que la actuación de este equipo de Gobierno y esta alcaldía en materia urbanística es perfectamente legal» y ha lamentado que el partido socialista busca «hacerle daño, cuando a quien perjudican es al pueblo».
«Les mueve el afán de venganza personal», ha insistido el alcalde, añadiendo que «con posterioridad a la querella hemos comprobado por documentos oficiales que, para colmo, el anterior equipo de Gobierno socialista quería vender el SAPU-5 por 4,9 millones de euros, y han denunciado esta misma venta por 20 millones más la urbanización».
Por todo esto, José Carlos Hernández considera que «han actuado de mala fe, a sabiendas de que no había nada» y espera que tras el Auto «haya un cambio de actitud, porque no todo vale».
