El grupo provincial de Izquierda Unida (IU), Verdes Equo, Podemos e Iniciativa, con el objetivo de mejorar la red de centros de protección de menores y justicia juvenil en la provincia de Huelva, ha presentado una propuesta en la Diputación que se debatirá en el próximo pleno del mes de julio. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Marcos Toti, reclama medidas urgentes ante la precariedad, la inseguridad y la privatización generalizada que sufren estos recursos de atención a la “infancia más vulnerable”.
Toti ha denunciado en rueda de prensa que «en la provincia de Huelva solo uno de los 22 centros de menores se gestiona de forma pública. La situación en los centros de justicia juvenil es aún peor si cabe ya que todos están externalizados», y ha calificado esta situación como «un modelo fallido que se aleja de los principios de calidad, estabilidad y equidad que exige la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía».
El diputado ha recordado que el asesinato de una educadora social en Badajoz, el pasado mes de marzo, ha puesto de relieve las condiciones de abandono institucional que soportan muchas trabajadoras de este sector. «No se trata de un hecho aislado, sino del resultado de un sistema deteriorado durante décadas, también en Andalucía y en nuestra provincia», ha afirmado.
Entre las propuestas anunciadas destacan la exigencia a la Junta de Andalucía del cumplimiento inmediato del V Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores en todos los centros concertados, la creación de nuevos centros públicos de gestión directa en Huelva, la realización de auditorías periódicas y mecanismos de evaluación vinculantes o la aplicación de un plus de peligrosidad para el personal de atención directa.
Del mismo modo la propuesta también incluye la prohibición de licitaciones públicas basadas únicamente en el bajo coste económico, y el establecimiento de un registro autonómico del personal del sistema y la mejora de protocolos de prevención ante agresiones.
Toti ha sido especialmente crítico con la desigualdad salarial entre profesionales de centros públicos y privados: “No tiene lógica que, haciendo el mismo trabajo, haya personas cobrando hasta 12.000 euros menos al año. Eso es precariedad estructural, y repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a niños y niñas en situaciones muy vulnerables”.
La moción también solicita a la Junta de Andalucía la apertura de un debate amplio y participado sobre el modelo de protección y justicia juvenil, con la implicación de sindicatos, entidades sociales, profesionales y administraciones.
La confluencia de izquierdas “defiende un modelo público, digno y seguro para atender a la infancia más vulnerable. La Diputación de Huelva no puede mirar para otro lado mientras se comprometen los derechos de la infancia y las condiciones laborales de las plantillas”, ha concluido Marcos Toti.
