El Ayuntamiento de Almonte abrirá un expediente informativo para esclarecer el uso que la Asociación de Propietarios de Matalascañas está dando al local municipal que ocupa en el Sector Ánade Real, conocido como la antigua biblioteca. Un espacio cedido de manera gratuita por el Consistorio en virtud de un convenio firmado en 2017 y que, según una denuncia formal recibida recientemente, podría estar albergando una actividad privada de pago.
La información remitida expone que en dicho inmueble se habrían impartido clases de inglés a menores durante el curso escolar, a un precio de 60 euros mensuales por alumno. Una situación que, de confirmarse, supondría un incumplimiento directo del convenio de cesión, que establece expresamente que el local se destina únicamente a actividades propias de la asociación, sin ánimo de lucro ni cesión a terceros. Además, dicho acuerdo prohíbe de forma tajante cualquier tipo de subarriendo o utilización lucrativa del espacio.
La cesión firmada en su día no contemplaba contraprestación alguna por parte de la asociación, más allá de sufragar el consumo eléctrico del inmueble. Se trataba de una muestra de confianza institucional, orientada a fomentar la participación vecinal en actividades sociales, culturales y turísticas. Sin embargo, el Ayuntamiento considera necesario revisar las condiciones actuales tras conocer que podría estar dándose un uso ajeno a su naturaleza pública. Pues en ningún caso se contemplaba que pudiera destinarse a fines comerciales.
Denuncia vecinal en Matalascañas
A raíz de la denuncia vecinal, el consistorio abrirá un expediente para esclarecer quién gestiona las clases, si existe contrato con un profesional o empresa, si la actividad ha sido declarada, si cuenta con seguro de responsabilidad civil y a quién van destinados los ingresos generados.
Desde el Ayuntamiento han subrayado la importancia de velar por el uso adecuado del patrimonio público y recordado que la cesión de espacios municipales está sujeta a unos principios de legalidad, transparencia y responsabilidad, no pudiendo derivar en beneficios privados ni en actividades no autorizadas, menos aún, cuando afectan a menores y se realizan al margen de cualquier supervisión o autorización municipal.
En caso de detectarse un incumplimiento, el gobierno local asegura que adoptará las medidas que procedan, tal como recoge el propio convenio suscrito en su día. Insistiendo en la necesidad de garantizar un uso adecuado del patrimonio municipal, especialmente cuando afectan a espacios públicos y a actividades que deben desarrollarse con transparencia y conforme a la legalidad.
