Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SPPME en el Ayuntamiento de Almonte han criticado la «grave situación» que atraviesa la plantilla municipal, «marcada por una campaña de desprestigio sin precedentes, el incumplimiento continuado de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y el bloqueo de la negociación colectiva por parte del equipo de gobierno». Por su parte, el Ayuntamiento del municipio ha aducido que la intervención general informó sobre la «imposibilidad» de realizar los ajustes necesarios sobre la VPT «dada la elevada cuantía necesaria».
Según ha indicado los sindicatos en una nota conjunta, en los últimos meses, «el Ayuntamiento y medios afines han difundido mensajes señalando a la plantilla por un supuesto 20% de absentismo laboral». Los sindicatos advierten de que se trata de «un dato falso y manipulado», ya que «las cifras reales no superan el 8%, incluyendo bajas de larga duración y contratos eventuales vinculados a planes de empleo«.
«Lo más preocupante es que desde el propio gobierno municipal se ha llegado a insinuar que las bajas médicas se utilizan como arma política», ha añadido, toda vez que han subrayado que es «absolutamente intolerable», ya que las bajas están «reguladas y avaladas por personal médico, no por sindicatos ni partidos».
«Criminalizar a la plantilla es criminalizar la enfermedad y despreciar al sistema sanitario», sostienen las organizaciones, que consideran imprescindible poner fin a esta estrategia de confrontación y desprecio hacia el personal municipal.
Por otro lado, los sindicatos han lamentado igualmente que el Ayuntamiento de Almonte «continúa incumpliendo» la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en Pleno en 2019 con el voto favorable del propio equipo de Gobierno. Seis años después, «el documento sigue sin aplicarse, lo que ha generado una situación de desigualdad y discriminación entre trabajadores».
Mientras que el Área de Seguridad Ciudadana ya percibe las retribuciones derivadas de la VPT, el resto de la plantilla «continúa sin ver reconocido un derecho que la ley establece de manera obligatoria». «Esta situación no solo resulta injusta, sino que genera una deuda millonaria en atrasos que, tarde o temprano, deberá abonarse con dinero público», han remarcado los sindicatos.
Asimismo, las organizaciones han incidido en que la VPT «no es un privilegio, sino una obligación legal y un instrumento básico para garantizar la equidad retributiva en la administración local».
Por otra parte, las secciones sindicales advierten de que el actual equipo de gobierno «ha vaciado de contenido los espacios de diálogo y participación sindical». La Mesa General de Negociación y la Comisión de Seguridad y Salud han perdido «su función real ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados y la falta de acceso a información básica, como decretos o listados de nóminas».
Además, el Ayuntamiento adopta decisiones de «manera unilateral» en Junta de Gobierno «sin negociación previa, vulnerando el derecho fundamental a la libertad sindical reconocido en la Constitución». «Ningunear a los sindicatos es ningunear a toda la plantilla, que nos eligió democráticamente para representarla», han tachado las organizaciones firmantes.
Ante esta situación, los sindicatos anuncian que se van a realizar movilizaciones a partir de este jueves con concentraciones en la puerta del Ayuntamiento de Almonte.
«Imposibilidad de ajustes por la VPT»
Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte ha señalado en una nota de prensa que el sindicato UGT ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la inaplicación de la RPT y VPT, «la segunda vez que lo intentan», ya que la Sala de lo Social ya declaró «su incompetencia para pronunciarse sobre la implantación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) en el Ayuntamiento», por lo que el caso deberá dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, «un proceso que podría prolongarse más de dos años».
Como hecho probado, se declaró que la intervención general informó sobre la «imposibilidad» de realizar los ajustes necesarios, ya que, «dada la elevada cuantía necesaria, se pondría en peligro el normal desarrollo del resto de los servicios comprometidos por el Ayuntamiento de Almonte».
Además, se cuestiona que «la valoración contemplara beneficios discriminatorios para determinados afiliados políticos y personas cercanas a cargos públicos». El resultado era «una aplicación desigual: mientras algunos empleados habrían visto incrementos salariales de varios miles de euros, otros apenas alcanzarían mejoras de 50 euros».
Según los informes municipales, la VPT «no fue implementada por el anterior equipo de gobierno» y «presenta deficiencias técnicas», ya que «carece de la valoración del complemento de destino».
«El intento de implantar la VPT generó fuertes fricciones dentro del consistorio. Durante el proceso, los sindicatos aceptaron adelantar pagos a la Policía Local, temiendo el rechazo de este colectivo. Una decisión que, según denuncian fuentes internas, habría creado un agravio comparativo con el resto de trabajadores municipales, más de 365 empleados, que no recibieron un trato similar», han explicado desde el Consistorio.
Así, el Consistorio ha señalado que el «impacto económico» de la medida se cifra en «2,5 millones de euros anuales, una cantidad que las arcas municipales no pueden asumir». «Ese dinero saldría directamente del bolsillo de los ciudadanos, pero la prioridad debe ser garantizar la estabilidad económica y la prestación de servicios».
