La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 13 personas a penas de entre dos y seis años y nueve meses de prisión por los delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, al considerar probado que gestionaban plantaciones de marihuana en fincas y pisos para su venta directa, así como para financiar la adquisición de grandes partidas de cocaína que, tras ser cortadas y adulteradas, distribuían en puntos de menudeo de la provincia e incluso en Portugal.
Según recoge la sentencia, se considera probado que desde al menos septiembre de 2022, los acusados actuaban “de manera estable y continuada en el tiempo”, con “una clara estructura de acción y reparto de funciones” que les permitía lograr su propósito delictivo común. De este modo, constituyeron un grupo criminal asentado en la provincia de Huelva y con ramificaciones en otros territorios, como el vecino país luso.
El tribunal subraya que no se trataba de una actuación puntual, sino de una organización dedicada al cultivo, transporte, distribución y venta de marihuana y cocaína, lo que les proporcionaba un entramado logístico “que facilitaba el éxito de sus propósitos criminales”.
La estructura del grupo permitía gestionar varias plantaciones en fincas y viviendas, no solo para la venta directa de marihuana, sino también para financiar la compra de cocaína que luego distribuían ya adulterada.
Gran parte del grupo estaba compuesto por un núcleo familiar: una pareja, sus tres hijos y la pareja de uno de ellos, identificado como L.E., considerado el cabecilla de la organización. Así lo acreditó la investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, que mediante vigilancia, control de actividades e investigación tecnológica, determinó que L.E. coordinaba la distribución de la droga en todas sus fases y participaba directamente en operaciones de compra y venta de sustancias ilícitas.
Tras el ingreso en prisión de L.E. por otros delitos de narcotráfico, el liderazgo del grupo fue asumido de forma alterna por su padre y su pareja, mientras otros miembros ganaban relevancia dentro de la estructura criminal.
Durante más de un año de investigación, los agentes del EDOA realizaron inspecciones en diversas fincas de la provincia, donde hallaron 15,7 kilos de marihuana listos para su comercialización, un invernadero camuflado entre la vegetación, ramas en fase de secado y una plantación ‘indoor’ en un domicilio. También se localizaron 16,7 kilos de resina de cannabis, diferentes tipos de drogas en locales comerciales y asociaciones cannábicas relacionadas con el grupo, así como armas de fuego.
Finalmente, los 13 acusados han sido condenados a penas de entre dos años —dos de ellos con la pena suspendida a condición de no delinquir durante ese tiempo— y seis años y nueve meses de prisión. Además, se les impone el pago de multas de tres millones de euros a diez de ellos y de dos millones a los tres restantes.
