El Ayuntamiento de Almonte ha expresado su «rechazo» a la orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, mediante la cual el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprueba el deslinde de la marisma de Doñana y considera que el mismo «altera» la naturaleza de las marismas.
La medida afecta a un tramo de 118.772 metros situados entre los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, cuyos terrenos pasarán a ser considerados dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, propiedad del Estado, ha indicado en una nota.
El consistorio almonteño, que ya mostró su rechazo desde el inicio del proceso de deslinde, considera que esta decisión «no se ajusta a la realidad ambiental del territorio». «Las marismas de Doñana no reciben influencia del mar, sino que son zonas de agua dulce que dependen de las lluvias y del flujo natural de los arroyos. Pretender calificarlas como terrenos de influencia marina supone alterar la esencia de Doñana», señalan, apuntando que esta reclasificación «podría tener implicaciones futuras en su gestión, competencias y régimen de protección».
Según consta en el expediente publicado en el BOE, el deslinde cuenta con la oposición de particulares, organismos e instituciones como el Espacio Natural de Doñana, los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Estación Biológica de Doñana, así como las organizaciones WWF, Ecologistas en Acción y la Asociación Amigos de Doñana, entre otros. Todos ellos han coincidido en que las marismas afectadas «no presentan influencia mareal y que se trata de un sistema interior y dulce», por lo que «no puede considerarse dominio público marítimo-terrestre».
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha calificado la decisión del Ministerio como «un error estratégico que introduce un nuevo conflicto en Doñana, en lugar de atender los problemas reales del espacio». Señlando que, «con este deslinde, el Ministerio pretende modificar por decreto la esencia de Doñana, pasando de un ecosistema de agua dulce a uno bajo la etiqueta de aguas marinas, lo que distorsiona su naturaleza y su gestión futura».
Bella ha lamentado, además, que la orden se haya publicado en el BOE «sin consenso con el Consejo de Participación de Doñana, precisamente el órgano en el que están representadas las administraciones, científicos, asociaciones y agentes sociales del entorno». «Una vez más, se actúa sobre Doñana sin escuchar a Doñana. Se decide desde los despachos, sin tener en cuenta la experiencia y la voz de quienes convivimos aquí», ha subrayado el alcalde.
Desde el Ayuntamiento se advierte de que esta medida «no contribuye a la protección real del parque, sino que añade incertidumbre y conflicto competencial». «Doñana no necesita más problemas ni decisiones unilaterales, sino soluciones a los que ya tiene y un trabajo coordinado entre instituciones», han señalado.
El Consistorio almonteño concluye destacando que «la defensa de Doñana no puede utilizarse como moneda de cambio política ni como instrumento propagandístico», y reclama al Ministerio «que abra un proceso real de diálogo con los municipios y organismos que forman parte de su entorno».
